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Refugio político a Galvarino Sergio Apablaza (Reenvío Agencia Walsh) PDF Imprimir E-Mail
miércoles, 29 de septiembre de 2010

Rodolfo Yanzón  - Presidente Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos -

 

El refugio político a Galvarino Sergio Apablaza Guerra, ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), es jurídica y políticamente necesario.

Apablaza se sumó a la campaña de la Unidad Popular. Militó y estudió hasta que el 11 de septiembre de 1973 fue privado de la libertad como miles de chilenos. Estuvo más de un año en las mazmorras del pinochetismo. Sufrió la tortura que le dejó secuelas y marcas en su cuerpo. Fue expulsado por la dictadura.

(Buenos Aires Económico) - A principios de los '80 regresó clandestinamente a Chile para sumarse al FPMR. Combatió al régimen. El primer gobierno civil, a cargo de Patricio Alwyn, gobernó bajo la Constitución pinochetista, los senadores de la dictadura, la proscripción política, los tribunales militares, la ley antiterrorista de Pinochet. Y con el dictador como jefe del Ejército y las bravuconadas de sus uniformados. Eso es lo que políticos de la derecha chilena, como Andrés Chadwick, llaman "democracia plena". En ese contexto, miembros del FPMR llevaron a cabo dos hechos: uno, el de la ejecución de Jaime Guzmán, uno de los ideólogos civiles del pinochetismo, autor de las cláusulas de exclusión política de la Constitución y fundador de la Unión Democrática Independiente (UDI); el otro, el secuestro del hijo del dueño del diario El Mercurio, vocero de la dictadura. Ideólogos civiles y cómplices de la tortura y la desaparición. En ambos procesos penales no existen indicios de la responsabilidad de Apablaza.

Sólo se lo vincula por haber sido integrante del FPMR. Así, ambos procesos llegaron hasta estos días, en los que mediante una operación mediática de la UDI se le arrancó a otro ex miembro del FPMR, Mauricio Norambuena, preso desde hace ocho años en el Brasil, una declaración a cambio de mejoras en su situación, en la que decía que las decisiones de esos dos hechos fueron tomadas colectivamente. Éste es el elemento con el cual el gobierno de Sebastián Piñera, y El Mercurio y sus adláteres, reiteraron el pedido por Apablaza, a horas del primer aniversario del golpe de Estado bajo un gobierno de derecha, integrado por pinochetistas, a escasos meses de haberse abortado un indulto para militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

Esta operación deja una vez más en claro que en Chile existe persecución política contra Apablaza Guerra -entre otros, sin olvidar a los mapuches que están siendo juzgados por la legislación antiterrorista de Pinochet- que las acusaciones que se le formulan no tienen sustento probatorio, y que la derecha necesita tener perseguidos de izquierda para nivelar su balanza e intentar otras alternativas que le permitan salvar a los militares imputados en procesos por crímenes de lesa humanidad.

Apablaza fue detenido en la Argentina en noviembre del 2004, dos días antes de que en Chile se conociera el informe sobre represión política y tortura durante la presidencia de Ricardo Lagos, que recoge decenas de miles de testimonios de familiares y víctimas de la dictadura. Apablaza Guerra, a pesar de haber padecido la prisión y la tortura, no figura en ese informe porque debía presentarse ante las autoridades chilenas. Pero estaba clandestino por la persecución contra el FPMR. Mientras tanto, la derecha, poderosa y mediática, montó alrededor de la figura de Jaime Guzmán, el paradigma de la víctima de la violencia, olvidando a los miles de muertos, torturados y desaparecidos de la dictadura.

En el 2008 Apablaza Guerra fue juzgado por un tribunal argentino por la tenencia de un documento de identidad falso al momento de ser detenido. Fue absuelto porque el fiscal consideró que poseía ese documento para evitar ser perseguido por las autoridades chilenas.

Las maniobras de la derecha en contra de Apablaza Guerra han sido infinitas. Hoy las lleva a cabo desde el mismo gobierno de Piñera, montando operaciones extorsivas. Apablaza Guerra es padre de tres niños argentinos. Su protección legal como refugiado político es una necesidad, tal como manifestaron los organismos de derechos humanos. Que permanezca en la Argentina no significa dañar relaciones diplomáticas, sino hacer valer los compromisos internacionales, la vigencia de los derechos humanos y la protección a los perseguidos.

 
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