No vemos que la derrota electoral del kirchnerismo sea un motivo para plantear que se debe marchar con los que han sostenido un Gobierno que ha propuesto, votado y promulgado la Ley Antiterrorista, el Proyecto X, la increíble complicidad con la impunidad de los desaparecedores de Julio López, la aprobación de las condenas a los compañeros de Las Heras, las incursiones de Berni al frente de las tropas federales de seguridad contra la protesta obrera y popular y un sinnúmeros de hechos concretos como estos.

Pero el asunto está planteado a nivel nacional por fuerzas de izquierda que hasta ahora han sostenido las marchas independientes que precisamente han cuestionado la farsa del Gobierno de los Derechos Humanos.

Una base de la cual partir a la unidad, según los que proponen una unidad tal que de por resultado una marcha única, reside en que el kirchnerismo ya no es Gobierno. Vaya con la novedad!. Ahora, no por eso adoptó las banderas ajenas y por ejemplo, es evidente que no tomarán como tal la Derogación de la Ley Antiterrorista, cuya existencia le debemos. Cabría entonces que la bajen los organismos que no pudieron ser comprados como tantos, convertidos en oenegés que se abrazan con los genocidas por mandato de Cristina y para limpiarla de la responsabilidad de nombrar a Milani, por ejemplo, como Madres de Plaza de Mayo.

Y todo así. El kirchnerismo, experto en gambetas descaradas, puede hasta tener cintura para esquivar No a la Impunidad de Ayer y de Hoy; negar la represión en la Panamericana como ya lo han hecho y varias tropelías por el estilo.

Lo que no están dispuesto a hacer es cambiar de parecer, porque la única política que tienen es la bandera de volver al Gobierno de los Derechos Humanos y pedir que renunciemos a sostener las consignas que precisamente desnudaron y desnudan tal mentira gigantesca.

En el caso de la detención de Milagro Sala han expuesto claramente su arsenal de disimulos atentatorios contra la Verdad y la Memoria y en conscuencia, opuesto a la Justicia, que es emblema incluso de la estructura de frente más duradera, consecuente y políticamente eficaz que ha existido por lo menos hasta el presente.

Un costado de la utilización perversa de la detención de Milagro Sala por parte de las organizaciones kirchneristas se patentiza en la mención de que la detuvo un genocida y hoy Secretario de Seguridad de Gerardo Morales, Guillermo Siri, como si esto fuera todo cuanto hay que decir al respecto.

Lo cierto es que si Siri está allí es porque no está preso y si no está preso es porque una protección concreta y documentada por parte del autotitulado Gobierno de los Derechos Humanos existió durante todo el período cristinista y por supuesto que es aprovechada y continuada por los macriradicales.

Pasamos al detalle.

En la VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

23º Reunión - 17º Sesión ordinaria – 24 y 25 de noviembre de 2010, en el punto 3. Asuntos Entrados. Mensaje solicitando acuerdos, consta que se tratará el mensaje remitido

por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el objeto de cumplir lo

dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, por medio del cual la señora presidenta solicita acuerdo para promover al grado

inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2010, al personal militar superior del

Ejército que a continuación se detalla.

Generales de Brigada: Gustavo Eduardo LUX; Jorge Ángel TELLADO; César Santos

Gerardo MILANI; Mario Gabriel DOTTO; Daniel Víctor CALLIGARO.

Tenientes Coroneles, Cuerpo de Comando, Armas:

….[hay 39 nombres propuestos]

Guillermo Luis Domingo SIRI...

…..[hay otros 52 nombres propuestos]

En dicho mensaje de Cristina Fernández de Kichner, cumpliendo con lo que es la verdad oficial del llamado Gobierno de los Derechos Humanos, dice:

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados Oficiales reúnen las condiciones

exigidas por la Ley 19101, ley para el personal militar.

Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del

Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes

que vinculen a los Oficiales Jefes propuestos con causas por violaciones a los Derechos

Humanos y/o causas contra el orden constitucional.

Quién suministrara tal información no era ni más ni menos que el Secretario de Derechos Humanos por ese entonces (año 2010) Eduardo Duhalde, llamado El Bueno.

Ver DOCUMENTO 1

DOCUMENTO SIRI GUILLERMO MILANI ASCENSO AL SENADO

Sobre Milani ya hemos expuesto extensamente y sin concesiones en

                          Designación del Gral Milani. El CELS y su encubrimiento.                                                                              jueves,25 de julio de 2013

Ahora estamos hablando del Coronel Guillermo Siri.

En aquel momento, 24 y 25 de noviembre de 2010, fecha de la versión taquigráfica del Senado, y a pesar del informe de Eduardo Duhalde, llamdo El Bueno, existía ya una causa impulsada por el MEDH de Mendoza contra Guillermo Siri. Había sido iniciada en Septiembre de 2006.

He aquí el testimonio.

Sr. Juez Federal:

PABLO GABRIEL SALINAS en representación de José Fermin Castro y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, conforme a los Poderes para Juicio que se acompañan, con el patrocinio letrado de ANA KATIA TRONCOSO MUÑOZ y VIVIANA LAURA BEIGEL en estos autos Nº 005 F caratulados "Fiscal s/ Av. Delito" se presentan y respetuosamente dicen:

Por lo expresado promovemos la presente constitución de querellante contra todos aquellos que a la fecha de la comisión de estos CRIMENES DE LESA HUMANIDAD se encontraba en funciones en el D2 y toda la cadena de mandos que se desarrolla a continuación, solicitando se establezcan sus actuales domicilios teniendo presente el tiempo transcurrido desde la época en que actuaron en la llamada "lucha antisubversiva".

…..

3) Integrantes de los Consejos de Guerra Especiales Estables para la Subzona 33.

Solicitamos se impute a: (se mencionan los grados militares de la época) Coronel Federico Segura, Capitanes Amílcar Virgilio Dib, Jorge Alberto Godoy, Angel Osvaldo Corvalán, Roberto Wellington Di Lorenzo, Luis Guillermo Kettle, Coronel Hugo Alfredo Soliveres, Capitanes Gilberto Esteban Oliva, Jorge Eduardo Baravale, Miguel Angel Castex, José Omar Rodríguez, Teniente primero Lucio Ernesto Rienti, Vice Comodoro Pedro Héctor Monjo, Tenientes Guillermo Siri, Carlos Moreno, Luis Demierre. Actuaron en el Consejo de Guerra en las causas "Fs.c/Luna" (36.887-B) y "Seydell y ots." (S-1854), debiendo establecerse la fecha en que cada uno de ellos se encontraba en actividad en la Subzona 33.

Y algo fundamental para nosotros, aunque funcionarios del Gobierno nieguen las desapariciones mientras continúan con el desarrollo de las tareas que inherentes a sus cargos sin que haya ni atisbo de ser molestados por los partidos gobernantes: nombrar a los compañeros. En la causa que citamos, y sólo en ella, ...las víctimas son los siguientes: GLADYS CRISTINA CASTRO DE DOMINGUEZ, L.C. 10.938.484, nacida el 23 de noviembre de 1953, WALTER HERNAN DOMINGUEZ, D.N.I. 11.629.230, nacido el 30 de marzo de 1955, ambos con último domicilio en Luzuriaga Nº 84 del distrito de Villa Marini, Godoy Cruz, Mendoza; y el HIJO o HIJA del matrimonio nacido en cautiverio respecto del cual hasta la fecha no conocemos su paradero.

Ver DOCUMENTOS 2

QUERELLA DEL MEDH MENDOZA CONTRA GUILLERMO SIRI

Pero para que no se tenga la idea de que Siri era un ignoto acusado conocido sólo por Dios -como reza la fórmula en la tumba del Soldado Desconocido- sino un reconocido represor que tenía parte en la propiedad de la vida y de la muerte que se atribuyen los genocidas aún hoy, hay gran cantidad de testimonios de su siniestra catadura por todas partes. No es propio de recopiladores-investigadores como puede que se crea es nuestro caso. No. Los datos están a tiro de google nomás.

Si decíamos que ya en 2006 se iniciaba una causa contra él por delitos de Lesa Humanidad, la exposición de su condición se actualizaba periódicamente en Tribunales -más allá de los documentos formativos que se difunden para conocimiento popular, como …..- y en 2008, el Colectivo Ex Presos Políticos y Sobrevivientes de Rosario publica una nueva presentación contra Siri, realizada “...en autos Nº 020-F., caratulados "Fiscal c/Menéndez…" por Roberto Vélez, que introduce la presentación judicial con una carta que sintetiza “Estoy solicitando se impute y proceda a la detención de Luciano Benjamin Menendez a cargo en aquella época del III Cuerpo de Ejército, de los integrantes del Comando Militar de la Zubzona 33 (Tamer Yapur), de los Concejos de Guerra Especiales, de la Comunidad Informativa y del Comando Tactico de Operaciones.”

A uno de esos Concejos pertenecía Siri, que de hecho, también está imputado en la presentación.

Ver DOCUMENTOS 3 Y 4

CARTA DE ROBERTO VELEZ A CEPPS ROSARIO.

PRESENTACION DE ROBERTO VELEZ.

Aunque de cualquier manera, para quien quiere saber, Siri, aunque difusamente, estaba mencionado ya como Capitán de Ejército Siri en el Legajo de CONADEP 0778/3160.

Todas estas evidentes verdades estaban a disposición de la Presidenta Cristina Fernández que sin embargo afirmó ante el Senado que Siri podía ascender porque no se hallan antecedentes que vinculen a los Oficiales Jefes propuestos con causas por violaciones a los Derechos Humanos y/o causas contra el orden constitucional.    En pleno 2010.

La carrera de Siri no paró en el ascenso a Coronel, si no que de la mano del otro genocida ascendido a Jefe del Ejército, el General de División Milani, pasó a un puesto de esos que un General genocida reserva para un Coronel genocida: Secretario del Ejército.

MORALES Y SU CORONEL GUILLERMO SIRI SECRETARIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE JUJUY - http://bairesinforma.com/2016/01/16/morales-nombro-al-coronel-guillermo-siri-como-secretario-de-justicia-de-jujuy/,

dice sacásticamente un titular de un medio digital.

El secretario de Seguridad de Morales, denunciado por su rol en la dictadura

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza confirmó el perfil y la trayectoria de Siri.…..http://www.enorsai.com.ar/politica/17837-el-secretario-de-seguridad-de-morales--denunciado-por-su-rol-en-la-dictadura.html

Aporta otro.

_{Milagro Sala fue detenida por un militar acusado de represor en los años 70, enfatiza uno más de tantos.}

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/290717-76269-2016-01-20.html

"... Raúl Noro, el esposo de Sala, relató la detención de Milagro, de la que participaron decenas de policías y funcionarios provinciales, pero ni un funcionario judicial. Entre ellos, el secretario de Seguridad, el ex coronel Guillermo Siri, “quien todavía tiene que rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos”, recordó. Siri figura en varias denuncias por delitos de lesa humanidad como integrante del Consejo de Guerra de la subzona 23 del tercer cuerpo de Ejército. ..."

Y siguen una miríada de descubridores que contribuyen a denotar la maldad de Morales, que sabido es, califica suficientemente para hijo de puta por el solo hecho de obrar en el despojo del manejo de planes sociales a la Tupac Amaru -para beneficio de sus propios punteros- apoyado en un trasfondo de denuncias que ya sentara el hacedor del macriradicalismo, Ernesto Sanz, cuando dijo en Santa Fe que la AUH "se está yendo por la canaleta de la droga y el juego". En menesteres como estos, los radicales son aplicados y temibles discípulos del imperialismo: toda oposición social o política debe ser meticulosamente emparentada con el narcotráfico. Bien a lo Plan Colombia.

En realidad, la atribución a Morales de un Secretario genocida como Siri, sin la imprescindible aclaración sobre cómo, cuándo y quién lo proyectó, resulta en desmedro de la verdad hiriendo mortalmente la memoria. Es que la impunidad no puede sino ser atribuida a quien la sostiene, y es Cristina la que encumbró a Siri, no ateniéndose a la verdad y por lo tanto -al mentir- suprimiendo la memoria de todos aquellos que no alcanzaron siquiera a conocer los hechos. Bajo la égida de ella ascendió a Coronel y llegó con su anuencia a la Secretaría General del Ejército de la mano de Milani, que lo llevó de Jefe de la Guarnición de Jujuy al sitial de Secretario a poco de ser nombrado Jefe de la fuerza en 2013.

Desde esta página nos limitamos a exponer un solo ejemplo de la lógica del kirchnerismo en una situación concreta. Hay muchos asuntos más con el mismo dibujo, que, en definitiva, fue expuesto con descaro en todo lo relacionado con Milani.

Nos parece de elemental honestidad partir de estas constancias para despejar las neblinas peligrosas de la unidad mediante el renunciamiento malhadado a la consecuente denuncia de todo cuanto ha contribuído y aporta a la impunidad. Puede parecer oportuno en un principio, pero cómplice temina en complicidad al cabo.

Por otra parte, el enfrentamiento consecuente contra un gobierno abiertamente reaccionario, que ha abierto tremenda ofensiva contra los trabjadores y el pueblo, no puede ser llevada adelante con las melladas armas de un partido burgués. Con ellos sólo se puede contar con la derrota ante semejante enemigo.

PRESENTACION DE ROBERTO VELEZ.

SEÑOR JUEZ FEDERAL:

ROBERTO VELEZ, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. 6.146.316, por su propio derecho, en autos Nº 020-F., caratulados "Fiscal c/Menéndez…" me presento a V.S. y digo:

I- DATOS DEL QUERELLANTE:
Que los datos personales de los querellantes son:
Roberto Velez, nacido en Mendoza el día 31 de Agosto de 1948, con domicilio real en Democracia 2493-Barrio Ujemvi-Las Heras, Mendoza.

II. DOMICILIO LEGAL:
Que constituimos domicilio legal, para todos los fines que correspondan a la presente causa, en la Ciudad de Mendoza.

III. OBJETO:
Que en virtud del presente escrito venimos a constituirnos en querellantes en los términos de los arts. 82 a 83 del CPPN, en contra de quienes resulten imputados por la responsabilidad mediata e inmediata en los hechos que motivan esta presentación y cuya exhaustiva investigación dejan peticionada.

IV. DATOS PERSONALES DE LAS VICTIMAS:
Los datos personales de la víctima en los presentes obrados son los siguientes:
1) Roberto Vélez, nacido en Mendoza el día 31 de Agosto de 1948, con domicilio real en Democracia 2493-Barrio Ujemvi-Las Heras, Mendoza.


V. HECHOS:
A fin de cumplir lo dispuesto por el art. 83 inc. 2 del C.P.P.N. se realiza un breve relato de los hechos en que se funda esta petición:

Roberto Vélez integró el Partido Comunista y fue militante estudiantil. Como tal ocupó el cargo de Secretario General de la Federación Universitaria local y fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNcuyo.

Como consecuencia de su actividad política fue expulsado de la Universidad en el año 1976, como así también despedido de su trabajo en el Banco Agrario, en la Cooperativa de Seguros San Cristóbal y en la Bodega Quiroz.

En noviembre de 1975 una bomba fue colocada en su domicilio. El segundo atentado con bombas ocurre en junio de 1976, a lo que se sumó el saqueo de su casa. En esta última oportunidad fue detenido y luego liberado.
El 9 de Agosto de 1976 fue apresado nuevamente, en circunstancias en las que volvía de una reunión partidaria.

Durante esta detención fue torturado y estuvo desaparecido por varios meses, para luego ser "legalizado" a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. En este periodo pasó por el destacamento Almirante Brown de Godoy Cruz, luego fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones del Ejército. De aquel lugar era sacado del calabozo vendado y atado, y fue sometido a torturas.

Lo trasladan a la cárcel Provincial y finalmente, en octubre de 1976 fue llevado a la U9 de La Plata donde permaneció hasta diciembre de 1977.

VI.- Sobre el contexto en el que se produjeron los hechos

Acorde a la más reciente jurisprudencia internacional, verbigracia el caso "La Cantuta Vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde hacer referencia en el análisis de los hechos a lo relativo a las prácticas sistemáticas y generalizadas de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en la época en que ocurrieron los hechos. En concreto debemos referirnos al plan sistemático que desde el aparato del Estado se desarrollara en el período comprendido entre el 24 de Marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983.-

En efecto, la existencia de un plan criminal común se halla acreditada mediante el elenco de órdenes secretas, directivas y decretos que fueron promulgados con la finalidad de ejecutar este plan. Estas Órdenes Secretas constituyen herramientas legislativas de lo que se puede denominar, en palabras empleadas por Suárez Mason en el trascurso del interrogatorio que le fue efectuado ante un juez de Estados Unidos, "State of Siege of Law", esto es, estado de excepción en términos de teoría del estado, y por lo tanto, las órdenes secretas son en realidad y en la práctica las "leyes del sistema de planificación y ejecución de las políticas de represión y exterminio".

Es de suma importancia destacar la relación que existe entre el contexto de referencia y los crímenes de lesa humanidad, a los que nos referiremos oportunamente. Según Doudou Thiam, Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (1983 - 1995): "Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la Humanidad si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor (...) un acto individual que se inscribiera dentro de un conjunto coherente y dentro de una serie de actos repetidos e inspirados por el mismo móvil: político, religioso, racial o cultural".

Resulta conveniente transcribir las conclusiones arribadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco a nuestro país en el año 1979 y vertidas en el informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. En efecto dejo claro que: "…por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En particular, la Comisión considera que esas violaciones han afectado:

a) al derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención; preocupa especialmente a la Comisión la situación de los miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede presumir fundadamente que han muerto;

b) al derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad; y al haberse prolongado sine die el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena; esta situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el derecho de opción previsto en el Artículo 23 de la Constitución, desvirtuando la verdadera finalidad de este derecho. Igualmente, la prolongada permanencia de los asilados configura un atentado a su libertad personal, lo que constituye una verdadera pena;

c) al derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes;

d) al derecho de justicia y proceso regular, en razón de las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares; y de la ineficacia que, en la práctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad y orden público, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de tales defensas.

2. Con respecto a otros derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión señala que si bien su falta de observancia no ha revestido la gravedad de los anteriores, las limitaciones a que se encuentran sujetos afectan también la plena vigencia de los derechos humanos en la República Argentina. En relación a estos derechos la Comisión observa lo siguiente:

a) que el ejercicio pleno de la libertad de opinión, expresión e información se ha visto limitado, en diferentes formas, por la vigencia de ordenamientos legales de excepción que han contribuido a crear, incluso, un clima de incertidumbre y de temor entre los responsables de los medios de comunicación;

b) que los derechos laborales se han visto afectados por las normas dictadas al efecto y por la aplicación de las mismas, situación que ha incidido particularmente en el derecho de asociación sindical debido a actos de intervención militar y a la promulgación de estatutos legales que vulneran derechos de la clase trabajadora;

c) que los derechos políticos se encuentran suspendidos;

d) que, en general, no existen limitaciones a la libertad religiosa y de cultos; aunque la Comisión sí pudo comprobar que los Testigos de Jehová tienen graves restricciones para el ejercicio de sus actividades religiosas y que, si bien no existe una política oficial antisemita, en la práctica, en ciertos casos, ha habido un trato discriminatorio en contra de algunos judíos.

3. Asimismo, la Comisión considera que las entidades de defensa de los derechos humanos han encontrado y encuentran injustificados obstáculos para el cumplimiento de la labor que han venido desarrollando.

VII. CRIMENES DE LESA HUMANIDAD:

Los hechos descriptos en la presente querella forman parte de los denominados "crímenes de lesa humanidad", delitos del derecho penal internacional que se caracterizan por afectar a la humanidad en su conjunto, poniendo en peligro o lesionando bienes indispensables para la preservación de la especie humana y es a la luz de los principios del Derecho Penal Internacional que deben ser interpretados y juzgados.

Al decir de la Corte Suprema, los crímenes de lesa humanidad tienen como presupuesto común el de "dirigirse contra la persona o condición humana y en donde el individuo como tal no cuenta, contrariamente a lo que sucede en la legislación de derecho nacional común, en la medida en que sea víctima colectiva a la que va dirigida la acción justamente por esta circunstancia, de la que participan los crímenes contra la humanidad, como los tradicionalmente denominados crímenes de guerra, que se los reputa como delitos contra el derecho de gentes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar porque merecen la sanción y la reprobación de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales" (Fallo 318:2148, considerandos 31 y 32).

Asimismo, estos delitos hoy son perseguibles penalmente en función del nuevo marco normativo que impera en la Argentina con la anulación, mediante ley 25.779, de las Leyes de la Impunidad, (Ley de Obediencia debida y Punto Final), nulidad confirmada con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el caso Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. –Causa Nº 17768-".

En consecuencia se trata de delitos imprescriptibles, es decir, que permanecen vigentes hasta tanto no se juzgue y condene a los responsables, conforme a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Delitos de Guerra y de Lesa Humanidad, pues repugna a la comunidad internacional que estos delitos queden impunes por el solo transcurso del tiempo.

En el caso concreto es indudable la existencia de un crimen de las dimensiones señaladas, en efecto de la jurisprudencia de Tribunales especializados en la materia, como puede ser en el caso de referencia el Tribunal Internacional Para la Antigua Yugoslavia (ICTY), se desprenden que sus rasgos característicos son:

1) El crimen tiene que ser cometido directamente contra una población civil. ICTY Kunarac, Kovac and Vukovic (Trial Chamber) 22.02.2001; (Appels Chamber) 12.06.2002. parr 90.

2) No es necesario que sea contra la totalidad de la población, pero si un número suficiente (representativo de ella) ICTY Kunarac, Kovac and Vukovic, (Appels Chamber) 12.06.2002, parr 90.

3) La exigencia de ataque contra la población civil viene a significar en estos momentos una actuación de conformidad con políticas de Estado o de una organización no estatal, pero que ejerce el poder político "de facto".

4) El ataque debe ser "generalizado o sistemático". Kunarac, Kovac and Vukovic (Trial Chamber) 22.02.2001, para 431; Kordic and Cerkez (Trial Chamber) 26.02.2001, para 179; BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 206; Martinovic, (Trial Chamber) 31.03.2003, parr. 236; Kunarac, Kovac and Vukovic, (Appels Chamber) 12.06.2002, parr 94; Naletilic and Martinovic, (Trial Chamber) 31.03.2003, parr. 236; BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 203.

5) El ataque es el que debe ser "generalizado o sistemático", no los actos del acusado.

6) Puede ser calificado como crimen contra la humanidad un simple acto, si está en conexión con un ataque "generalizado o sistemático". Kordic and Cerkez (Trial Chamber) 26.02.2001, para 178; Kupreskic et al. (Trial Chamber) 14.01.2000, para 550.

7) Intencionalidad. El autor debe tener el propósito o intención de cometer los delitos subyacentes. Vasilejevic, (Trial Chamber) 29.11.2002, parr. 37.

8) Conocimiento: El autor debe tener conocimiento de que participa en un ataque generalizado o sistemático. Kunarac, Kovac and Vukovic, (Appels Chamber) 12.06.2002, parr 102, 410; , Tadic (Appels Chamber) 15.07.1999, parr 271; Kordic and Cerkez (Trial Chamber) 26.02.2001, para 185; BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 244, 247. Debe tener conocimiento del ataque y del nexo entre sus actos y el contexto,

9) Este conocimiento del contexto es inferible de la concurrencia de una serie de elementos, tales como el conocimiento del contexto político en que se produce, función o posición del acusado dentro del mismo, su relación con las jerarquías políticas o militares, amplitud, gravedad y naturaleza de los actos realizados, etc.. BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 258-259.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo jurisdiccional regional, a su turno, ha sistematizado en sus últimas sentencias la doctrina de la misma en relación con los crímenes contra la humanidad y las características de éstos.

Así, en casos como Almonacid Arellano Vs. Chile, La Cantuta Vs. Perú o Goiburu Vs. Paraguay ha ratificado el carácter de ius cogens de que goza la prohibición de estos crímenes, con las obligaciones que de ello se derivan para los estados, principalmente la de enjuiciar a los responsables y la imposibilidad de amnistiar estas conductas.
Por ello la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general.

VIII. RESPONSABLES:

La responsabilidad por estos hechos comprende a todos los que de algún modo han intervenido, en su calidad de autores mediatos y directos, en función de los distintos grados de responsabilidad asumidos, de acuerdo a los principios desarrollados por Roxin a partir de los casos jurisprudenciales Eichmann y Staschynski y formulada como "teoría del dominio de la voluntad a través de aparatos organizados de poder", principios consagrados por nuestra Jurisprudencia en la Causa Nº 13 contra las Juntas Militares en el año 1985.

Así, la moderna doctrina penal, a fin de dar respuestas a situaciones que no pueden encuadrarse en los criterios tradicionales, entendió que la responsabilidad penal debe basarse en la teoría del dominio del hecho, considerando AUTOR a quien domina el hecho, quien retiene en sus manos el curso causal y que por tanto puede decidir sobre el sí y el cómo del hecho, quien tiene la posibilidad de decidir la configuración central del acontecimiento. Esta teoría producida por el finalismo de Welzel, fue desarrollada y precisada en sus límites y contenidos por Claus Roxin en su obra "Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal" (Ed. Marcial Pons, Madrid, Edición 2000).

Este autor parte de la idea expresa que quienes mueven los hilos de un aparato organizado de poder, tienen interés en la realización del hecho, tanto como el inductor, por lo que el fundamento de su autoría no puede sustentarse en una posición subjetiva con relación al hecho que se realiza, sino sólo en el mecanismo de funcionamiento del aparato en el marco en el que se actúa.

La tesis del dominio del hecho debe ser utilizada a fin de juzgar los delitos de lesa humanidad que aquí denuncian, por cuanto aquellos fueron cometidos mediante la utilización de un aparato organizado de poder desarrollado desde el Estado y en el marco de la no vigencia del Estado de Derecho.

Por lo expresado promovemos la presente constitución de querellante contra todos aquellos que a la fecha de la comisión de estos CRIMENES DE LESA HUMANIDAD se encontraba en funciones en el D2 y toda la cadena de mandos que se desarrolla a continuación, solicitando se establezcan sus actuales domicilios teniendo presente el tiempo transcurrido desde la época en que actuaron en la llamada "lucha antisubversiva".

Se encuentra suficientemente acreditada ante la Justicia Federal de Mendoza, la responsabilidad penal que le cabe a los integrantes de la cadena de mandos con responsabilidad decisoria y actuación operativa a la fecha de los hechos. A tal efecto solicitamos se impute y se proceda a la inmediata detención de las siguientes personas:

1) Luciano Benjamín Menéndez, comandante de la Zona 3, desde septiembre de 1975 hasta el 29 de septiembre de 1979.

2) Integrantes del Comando Militar de la Subzona 33 a la fecha en que se produjeron los hechos. Nos remitimos a la descripción de su organización y funcionamiento efectuada por la Excma. Cámara Federal de Mendoza en autos Nº 49.772-L-878 "Lépori, Mario Ramón s/ Planteo de Incompetencia". Ellos son:

A) Tamer Yapur, 2º Comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña a la fecha del hecho denunciado. El Comandante, Gral. Maradona, ya falleció.

3) Integrantes de los Consejos de Guerra Especiales Estables para la Subzona 33.

Solicitamos se impute a: (se mencionan los grados militares de la época) Coronel Federico Segura, Capitanes Amílcar Virgilio Dib, Jorge Alberto Godoy, Angel Osvaldo Corvalán, Roberto Wellington Di Lorenzo, Luis Guillermo Kettle, Coronel Hugo Alfredo Soliveres, Capitanes Gilberto Esteban Oliva, Jorge Eduardo Baravale, Miguel Angel Castex, José Omar Rodríguez, Teniente primero Lucio Ernesto Rienti, Vice Comodoro Pedro Héctor Monjo, Tenientes Guillermo Siri, Carlos Moreno, Luis Demierre. Actuaron en el Consejo de Guerra en las causas "Fs.c/Luna" (36.887-B) y "Seydell y ots." (S-1854), debiendo establecerse la fecha en que cada uno de ellos se encontraba en actividad en la Subzona 33.

4) Integrantes de la Comunidad Informativa (personal de los Servicios de Inteligencia) y del Comando de operaciones Táctico (personal de operaciones), partícipes de la actividad de persecución, detección, secuestro, privación de la libertad en lugares clandestinos, interrogatorios bajo tormento y homicidios, ocultamiento del destino final de la víctima y de sus restos.

X. MEDIDAS ÚTILES.

a) Documental:

1) Nos remitimos al organigrama de la Represión acompañado en causa caratulada "Pérez, Jorge Albino, Pérez, Emiliano, Fonseca, Gloria Nelly Desaparecidos", el cual pedimos se agregue a la presente.

XI. NOTIFICACIONES:

Conforme lo dispone el art. 92 del C.P.P.N. y la jurisprudencia mayoritaria en resguardo del debido proceso legal y el derecho de defensa, corresponde y así lo pedimos, que oportunamente se proceda a notificar la presente constitución en querellantes a quienes resultan imputados, en forma personal, y a sus defensores en los domicilios legales.

XI- PETITORIO:

Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos:

1º) Me tenga por presentado en el carácter invocado y por constituido domicilio legal.

2º) Se me confiera la intervención que por ley corresponda a los querellantes particulares artículo en virtud de lo establecido por el articulo 83 y siguientes del C.P.P.N.

3º) Se tenga presente la prueba ofrecida para su oportunidad.

Proveer de Conformidad.
ES JUSTICIA.

(Fuente:Rdendh).

CARTA DE ROBERTO VELEZ A CEPPS ROSARIO.

26 de noviembre de 2008

QUERELLANTE PARTICULAR EN CAUSA FEDERAL CONTRA MENENDEZ Y OTROS.

Estimados amigos:

Querella por la desaparición forzada del matrimonio Domínguez-Castro (y apropiación de menor)

MEDH, regional Mendoza - 26 de Septiembre de 2006

CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
CCONSTITUCION EN 
QUERELLANTE PARTICULAR
AUTOS Nº 005 F

Sr. Juez Federal:

PABLO GABRIEL SALINAS en representación de José Fermin Castro y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, conforme a los Poderes para Juicio que se acompañan, con el patrocinio letrado de ANA KATIA TRONCOSO MUÑOZ y VIVIANA LAURA BEIGEL en estos autos Nº 005 F caratulados "Fiscal s/ Av. Delito" se presentan y respetuosamente dicen:

I- DATOS DE LOS QUERELLANTES:

Que los datos de los querellantes son:

1) María del Carmen Gil de Camín, LC. 3.043.466 y Elba Lilia Morales, DNI 3.499.576, ambas argentinas, mayores de edad, representantes del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza, con domicilio social en San Lorenzo 478 de la Ciudad de Mendoza.

2) José Fermin Castro, L.E. 6.832.936, argentino, mayor de edad, en su carácter de padre de la desaparecida Gladys Cristina Castro de Domínguez.

II. DOMICILIO LEGAL:

Que junto con sus letrados patrocinantes vienen a constituir domicilio legal en San Lorenzo 478, Ciudad de Mendoza, sede del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (M.E.D.H.).

III. OBJETO:

Que vienen a constituirse en querellantes en los términos de los arts. 82 a 83 del CPPN, en contra de quienes resulten imputados por la responsabilidad mediata e inmediata en los hechos que originaron la desaparición forzada que motiva esta presentación y cuya exhaustiva investigación dejan peticionada.

IV. LEGITIMACION DEL M.E.D.H.:

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, es una institución de incuestionable trayectoria en la defensa de los derechos humanos, su legitimidad ha sido fundamentada en diversas causas que tramitan ante la Justicia Federal de Mendoza a cuyos antecedentes remitimos, de las que podemos citar a la Causa Nº 3487, caratulada "Búsqueda del destino de personas desaparecidas" relativa a los Juicios por la Verdad que tramitara ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, representando a más de 40 familiares de desaparecidos.

Asimismo, ha sido admitido como querellante en causa Nº 84.087-A, caratulados "F/p, Av. Delito", y en causa Nº 85.742-A caratulado "Secretaría de Derechos Humanos f/denuncia" en la cual se investiga el funcionamiento durante la Dictadura Militar de un Centro clandestino de detención, dependiente de Fuerza Aérea, detectado y denunciado por este organismo en el mes de mayo del 2004.

La legitimación de organismo ha sido ampliamente reconocida por V.S. en todas las causas que tramitan ante este Tribunal, en virtud de los hechos acaecidos durante la última dictadura militar, por lo que existen reiterados antecedentes que avalan la incorporación del M.E.D.H. al proceso como querellante particular.

Se acompaña en copia poder otorgado por el MEDH central a las representantes de la Regional Mendoza.

V. DATOS PERSONALES DE LA VICTIMA:

Los datos personales de las víctimas son los siguientes: GLADYS CRISTINA CASTRO DE DOMINGUEZ, L.C. 10.938.484, nacida el 23 de noviembre de 1953, WALTER HERNAN DOMINGUEZ, D.N.I. 11.629.230, nacido el 30 de marzo de 1955, ambos con último domicilio en Luzuriaga Nº 84 del distrito de Villa Marini, Godoy Cruz, Mendoza; y el HIJO o HIJA del matrimonio nacido en cautiverio respecto del cual hasta la fecha no conocemos su paradero.

VI. HECHOS:

A fin de cumplimentar lo dispuesto por el art. 83 inc. 2 del C.P.P.N. se realiza un breve relato de los hechos en que se funda esta petición:

Gladys Castro y Walter Domínguez contrajeron matrimonio el 19 de noviembre de 1976. Alquilaban un inmueble en calle Luzuriaga 84 de Villa Marini, Godoy Cruz. Gladys trabajaba en una panadería y Walter era chofer del transporte público de pasajeros y esperaban un hijo o hija aproximadamente para febrero o marzo de 1978. Ambos militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista.

El día 9 de diciembre de 1977, siendo aproximadamente las 2 de la madrugada, cuatro individuos encapuchados y uno sin capucha, armados y vestidos de civil, derribaron la puerta de entrada de la casa de Luzuriaga 84 e ingresaron por la fuerza al domicilio donde vivían Gladys y Walter.

Al escuchar los gritos de auxilio, los vecinos concurrieron al lugar para intentar socorrer a los esposos, pero resultó imposible, pues fueron obligados a retornar a sus respectivos hogares, por las personas que realizaban el operativo, los que se identificaron como personal policial.

Se trató de un importante operativo, en el que intervinieron varias personas movilizadas en al menos tres vehículos. Rodearon toda la cuadra, evitaron la presencia de vecinos en la calle, y secuestraron a la pareja.

Nada más se supo de Gladys y de Walter. Tampoco se conoce el destino del hijo o hija de este matrimonio, nacido en cautiverio.

Ese mismo día, alrededor de las tres de la madrugada (casi inmediatamente después de producido el secuestro de Gladys y Walter), un grupo organizado de personas compuesto por cuatro encapuchados y quien los comandaba estaba sin capucha con una barba postiza, se presentaron en el domicilio de Osiris Domínguez, padre de Walter, quien, a pesar de la hora, estaba despierto y trabajando.

Apuntándolo con varias armas lo obligaron a franquearles el ingreso, mientras le preguntaban por su otro hijo, Osiris Rodolfo. Cortaron los cables del teléfono y revisaron la casa, pero no encontraron a quien buscaban. Poco tiempo después, Osiris hijo debió exiliarse en Francia.

El hecho descripto se enmarca claramente en el accionar de la Subzona 33, pues fue ejecutado contra un grupo de personas por su pertenencia, afinidad o proximidad a un sector de ideas políticas. Grupos que – como se describió en la causa 56 F – fueron detectados, perseguidos, secuestrados y por último eliminados sin que se los relacionara con la comisión de delitos terroristas u otros.

En efecto, los esposos Domínguez – Castro y sus compañeros tenían como referencia política al Partido Comunista Marxista Leninista, ilegalizado por decreto de la Junta Militar en las primeras horas del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Su grupo fue secuestrado y desaparecido entre el 5 y el 9 de diciembre de 1977. Así sucedió con Nélida Aurora Tissone de Carzolio y Néstor Rubén Carzolio el 5 de diciembre de 1977. Lo mismo respecto de Alberto Gustavo Jamilis el día 6 de diciembre de 1977 en un operativo relacionado con el primero (causa 002F). Rodolfo Osvaldo Vera también fue secuestrado el 6 de diciembre de 1977, como así también los esposos José Antonio Alcaraz González y Antonia Adriana Campos (causa 046F). Walter Domínguez y Gladys Cristina Castro fueron arrebatados de su domicilio el 9 de diciembre de 1977 y nunca más se supo de ellos.

Otras integrantes del grupo lograron salir de Mendoza y se instalaron en Mar del Plata: dos de ellas estudiantes avanzadas de Medicina, María Cristina D’Amico Fornés y María Elena Farrando mientras que Elsa del Carmen Becerra, estudiante de Agronomía, se encontraba en Buenos Aires. Las tres fueron secuestradas alrededor del día 26 de febrero de 1978 en el Barrio Grosellar, Mar del Plata, Buenos Aires, en un domicilio que se ubicaría en Diarreu 2068.

Fue testigo de estos hechos la esposa de Rodolfo Osvaldo Vera, señora Mirta Irma Hernández, quien a raíz del secuestro de su esposo y demás personas mencionadas, se trasladó a Mar del Plata, donde sobrevivió al operativo de secuestro de sus compañeras.

Los padres de Gladys y Walter realizaron una intensa búsqueda, concurrieron a todas las comisarías, embajadas, ministerios e incluso iglesias, sin ningún resultado positivo.

Interpusieron varios recursos de Habeas Corpus, tales como el que tramitó bajo el Nº 38.220-B caratulado "Recurso de Hábeas Corpus a favor de Domínguez, Walter Hernán; Castro de Domínguez, Gladys y Domínguez, Osiris Rodolfo, iniciado el 12-12-1977, el que fue rechazado por el juez interviniente.

En mayo de 1998 y octubre de 2000 se declaró la ausencia por desaparición forzada de ambos cónyuges en los autos Nº 140.504 caratulados "Domínguez, Walter p/ Desaparición" y autos Nº 119.335 caratulados "Castro, Gladys Cristina p/Des. Forz.".

El hecho fue denunciado ante la CONADEP y consta en los legajos Nº 1546 y 1547, cuyas constancias acompañamos.

VII. CRIMENES DE LESA HUMANIDAD:

Los hechos descriptos en la presente querella forman parte de los denominados "crímenes de lesa humanidad", delitos del derecho penal internacional que se caracterizan por negar a la humanidad en su conjunto, poniendo en peligro o lesionando bienes indispensables para la preservación de la especie humana y es a la luz de los principios del Derecho Penal Internacional que deben ser interpretados y juzgados.

Al decir de la Corte Suprema, los crímenes de lesa humanidad tienen como presupuesto común el de "dirigirse contra la persona o condición humana y en donde el individuo como tal no cuenta, contrariamente a lo que sucede en la legislación de derecho nacional común, sino en la medida en que sea víctima colectiva a la que va dirigida la acción…justamente por esta circunstancia, de la que participan los crímenes contra la humanidad, como los tradicionalmente denominados crímenes de guerra, que se los reputa como delitos contra el derecho de gentes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar porque merecen la sanción y la reprobación de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales" (Fallo 318:2148, considerandos 31 y 32).

En consecuencia se trata de delitos imprescriptibles, por ser CRIMENES DE LESA HUMANIDAD es decir, que permanecen vigentes hasta tanto no se juzgue y condene a los responsables, conforme a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Delitos de Guerra y de Lesa Humanidad, pues repugna a la comunidad internacional que estos delitos queden impunes por el solo transcurso del tiempo.

VIII. APROPIACION DE MENOR: Como surge de lo expresado en este escrito, se desconoce el destino del hijo o hija que esperaba el matrimonio Domínguez – Castro.

Es de público conocimiento, que parte del plan sistemático de represión de la última dictadura militar consistió en la apropiación de menores, como intento de extinción definitiva de la herencia biológica, psicológica e ideológica de los detenidos-desaparecidos.

Los niños y bebés secuestrados y nacidos en cautiverio fueron violentamente arrancados de los brazos de sus madres, y la mayoría de ellos continúa hoy padeciendo las consecuencias del secuestro y la desaparición. Están ilegalmente anotados o como propios o por medio de adopciones fraudulentas, falseando a sus padres, sus nombres, sus edades, es decir, privados de su verdadera identidad, privados de su origen y de su historia.

La apropiación de niños está íntimamente ligada a lo delictivo, ya que durante la vigencia del terrorismo de Estado, los padres que habían sido secuestrados y posteriormente desaparecidos, estaban imposibilitados de ejercer la patria potestad. Al desconocer el lugar en que se encontraba el niño, el resto de los familiares no pudieron reclamar la tutela del menor, lo que fue aprovechado por los secuestradores, que produjeron la falsificación de partidas de nacimiento o realizaron adopciones fraudulentas.

Por eso afirmamos que la apropiación constituye un delito grave que se origina en la privación ilegal de la libertad calificada de los padres y la sustracción de los menores, violándose todos los tratados internacionales de Derechos Humanos que garantizan la libertad de todos los seres humanos, el derecho de la familia a la protección de la sociedad y del Estado, el derecho del niño a ser inscripto inmediatamente después de su nacimiento, el derecho a la identidad, etc.

Durante la última dictadura militar se han cometido los delitos de sustracción de menor, supresión y suposición de estado civil, privación ilegal de la libertad, todos delitos previstos en los arts. 142, 146 y 139 del Código Penal.

El desconocimiento del destino del hijo del matrimonio Domínguez – Castro hace presumir la comisión de los delitos mencionados, siendo posible también que el niño hubiese sido asesinado junto a su madre.

Por ello y, ante la gravedad de los delitos cometidos, solicitamos una profunda investigación a fin de determinar el paradero del menor o la determinación de las circunstancias que rodearon su nacimiento, siendo de fundamental importancia todos los datos que pudieran surgir del expediente que se tramitara como consecuencia de la denuncia efectuada por el Dr. Alfredo Guevara (padre) en la cual se denunció quienes fueron los apropiadores y se realizaron exámenes de ADN fracasados, expediente respecto del cual desconocemos número y carátula y que deberá ser localizado por el tribunal.

IX. RESPONSABLES:

La responsabilidad por estos hechos comprende a todos los que de algún modo han intervenido, en su calidad de autores mediatos y directos, en función de los distintos grados de responsabilidad asumidos, de acuerdo a los principios desarrollados por Roxin a partir de los casos jurisprudenciales Eichmann y Staschynski y formulada como "teoría del dominio de la voluntad a través de aparatos organizados de poder", principios consagrados por nuestra Jurisprudencia en la Causa Nº 13 contra las Juntas Militares en el año 1985.

Así, la moderna doctrina penal, a fin de dar respuestas a situaciones que NO PUEDEN ENCUADRARSE EN LOS CRITERIOS TRADICIONALES, entendió que la responsabilidad penal debe basarse en la teoría del dominio del hecho, considerando AUTOR a quien domina el hecho, quien retiene en sus manos el curso causal y que por tanto puede decidir sobre el sí y el cómo del hecho, quien tiene la posibilidad de decidir la configuración central del acontecimiento. Esta teoría producida por el finalismo de Welzel, fue desarrollada y precisada en sus límites y contenidos por Claus Roxin en su obra "Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal" (Ed. Marcial Pons, Madrid, Edición 2000).

Este autor parte de la idea expresa que quienes mueven los hilos de un aparato organizado de poder, tienen interés en la realización del hecho, tanto como el inductor, por lo que el fundamento de su autoría no puede sustentarse en una posición subjetiva con relación al hecho que se realiza, sino sólo en el mecanismo de funcionamiento del aparato en el marco en el que se actúa.

La tesis del dominio del hecho debe ser utilizada a fin de juzgar los delitos de lesa humanidad que aquí denuncian, por cuanto aquellos fueron cometidos mediante la utilización de un aparato organizado de poder desarrollado desde el Estado y en el marco de la no vigencia del Estado de Derecho.

Por lo expresado promovemos la presente constitución de querellante contra todos aquellos que a la fecha de la comisión de estos CRIMENES DE LESA HUMANIDAD se encontraba en funciones en el D2 y toda la cadena de mandos que se desarrolla a continuación, solicitando se establezcan sus actuales domicilios teniendo presente el tiempo transcurrido desde la época en que actuaron en la llamada "lucha antisubversiva".

Se encuentra suficientemente acreditada ante la Justicia Federal de Mendoza, la responsabilidad penal que le cabe a los integrantes de la cadena de mandos con responsabilidad decisoria y actuación operativa a la fecha de los hechos. A tal efecto solicitamos se impute y se proceda a la inmediata detención de las siguientes personas:

1) Luciano Benjamín Menéndez, comandante de la Zona 3, desde septiembre de 1975 hasta el 29 de septiembre de 1979.

2) Integrantes del Comando Militar de la Subzona 33 a la fecha en que se produjeron los hechos. Nos remitimos a la descripción de su organización y funcionamiento efectuada por la Excma. Cámara Federal de Mendoza en autos Nº 49.772-L-878 "Lépori, Mario Ramón s/ Planteo de Incompetencia". Ellos son:

Tamer Yapur, 2º Comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña a la fecha del hecho denunciado. El Comandante, Gral. Maradona, falleció.

3) Integrantes de los Consejos de Guerra Especiales Estables para la Subzona 33.

Solicitamos se impute a: (se mencionan los grados militares de la época) Coronel Federico Segura, Capitanes Amílcar Virgilio Dib, Jorge Alberto Godoy, Angel Osvaldo Corvalán, Roberto Wellington Di Lorenzo, Luis Guillermo Kettle, Coronel Hugo Alfredo Soliveres, Capitanes Gilberto Esteban Oliva, Jorge Eduardo Baravale, Miguel Angel Castex, José Omar Rodríguez, Teniente primero Lucio Ernesto Rienti, Vice Comodoro Pedro Héctor Monjo, Tenientes Guillermo Siri, Carlos Moreno, Luis Demierre. Actuaron en el Consejo de Guerra en las causas "Fs.c/Luna" (36.887-B) y "Seydell y ots." (S-1854), debiendo establecerse la fecha en que cada uno de ellos se encontraba en actividad en la Subzona 33.

4) Integrantes de la Comunidad Informativa (personal de los Servicios de Inteligencia) y del Comando de operaciones Táctico (personal de operaciones), partícipes de la actividad de persecución, detección, secuestro, privación de la libertad en lugares clandestinos, interrogatorios bajo tormento y homicidios, ocultamiento del destino final de la víctima y de sus restos.

X -MEDIDAS UTILES.

Documental:

a) Copia de las sentencias dictadas en los autos Nº 140.504 caratulados "Domínguez, Walter p/ Desaparición" y autos Nº 119.335 caratulados "Castro, Gladys Cristina p/Des. Forz."

b) Copias de los certificados de CONADEP Legajos Nº 1546 y 1547.

c) Partidas de nacimiento de las víctimas.

Testimoniales:

1- Se cite a declaración testimonial a Clara Nieves Ponce de Marin, con domicilio real en Luzuriaga 74, Villa Marini, Godoy Cruz, Mendoza.

2- Se cite a declaración testimonial a Osiris Rodolfo Domínguez, con domicilio en Montevideo 507, Ciudad, Mendoza.

3- Se cite a declaración testimonial a Mirta Irma Hernández, D.N.I. 6.382.267, cuyo actual domicilio deberá establecerse.

Informativa:

a) Se oficie al archivo judicial y a la Cámara Federal de Apelaciones a fin de localizar el número y carátula del expediente relacionado con la búsqueda del o la menor hijo o hija del matrimonio Domínguez – Castro, el que fuera iniciado como consecuencia de una presentación del Dr. Alfredo Guevara (padre) y en el cual se denunció quienes serían los secuestradores, realizándose exámenes de A.D.N. fracasados.

XI. NOTIFICACIONES:

Conforme lo dispone el art. 92 del C.P.P.N. y la jurisprudencia mayoritaria en resguardo del debido proceso legal y el derecho de defensa, corresponde y así lo pedimos, que oportunamente se proceda a notificar la presente constitución en querellantes a quienes resultan imputados, en forma personal, y a sus defensores en los domicilios legales.

XII. PETITORIO: Por todo lo expuesto solicitamos:

1) Nos tenga por presentados y por constituido domicilio legal.

2) Tenga presente las pruebas ofrecidas para su oportunidad.

3) Se nos confiera la intervención que por ley corresponda a los querellantes particulares.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA