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Editorial de diario El Litoral del 9 de diciembre de 2015 PDF Imprimir E-Mail
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miércoles, 23 de marzo de 2016

Edición del Miércoles 09 de diciembre de 2015

editorial

 

  • Desde 2005 a la fecha ha habido 2.200 imputados por crímenes de lesa humanidad. El 90 por ciento de las sentencias fueron condenatorias.

 

Derecho, no venganza

 

Los juicios por crímenes de lesa humanidad seguramente serán discutidos en los próximos meses. Las culpas y las penas de los imputados y condenados no están, en principio, en debate, pero sí merece abrirse una polémica acerca de la concepción de la justicia y los derechos humanos.

Algunos datos y ciertas consideraciones merecen tenerse en cuenta. Desde 2005 a la fecha ha habido 2.200 imputados por crímenes de lesa de humanidad; se han dictado unas setecientas sentencias, de las cuales más del noventa por ciento han sido condenatorias. Con respecto a los detenidos, corresponde saber que más de trescientos murieron en las cárceles, incluyendo al ex dictador Jorge Rafael Videla, cuyo deceso podría haberse evitado con un mínimo de asistencia.

Es necesario insistir que en un Estado de derecho moderno los derechos humanos valen para todos y no sólo para una facción. En el tema que nos ocupa, se impone recordar que las personas mayores de setenta años con comportamiento adecuado o problemas de salud, tienen el derecho a la prisión domiciliaria. Lamentablemente esto no sucedió ni está ocurriendo. Arquímedes Puccio, el delincuente, secuestrador y criminal, pudo disfrutar de ese derecho sin que nadie hiciera objeciones de fondo al respecto, pero pareciera que esos beneficios no alcanzan a quienes en juicios de controvertida ecuanimidad han sido condenados por crímenes de lesa humanidad.

Lo que se está haciendo en estos temas merece contrastarse con las iniciativas promovidas por el primer gobierno constitucional de la democracia. Allí se obró conforme a derecho, respetando escrupulosamente las garantías de los imputados y dictando condenas de impecable rigor jurídico. En los juicios a las Juntas no se permitieron barras ni insultos y se respetó el principio de presunción de inocencia. Es decir, se hizo lo que correspondía. Y se lo hizo en un momento complejo, con jefes militares que aún tenían poder.

No está de más recordar que en aquellos años las formaciones políticas de izquierda y los organismos de derechos humanos más radicalizados no sólo no integraron la Conadep sino que le restaron importancia. Es más, a menudo criticaron duramente esos juicios ejemplares. En el mismo orden de cosas, el peronismo derrotado en 1983 defendía a libro cerrado la autoamnistía de los militares.

Hoy resulta evidente que se ha producido un deslizamiento de la justicia hacia la venganza. Fiscales y jueces militantes, cuando no oportunistas o timoratos, permiten que se atropellen garantías fundamentales para un Estado de derecho que merece ese nombre. Desde los años ochenta a la actualidad, en estos temas el derecho cedió a la venganza. Desde el poder se alentó la idea de que las personas abatidas por los militares, en muchos casos violando derechos humanos básicos, dejaban de ser víctimas para transformarse en héroes.

En definitiva, lo que se impone es aplicar la justicia trabajando para crear las condiciones que impidan que se repitan los lamentables acontecimientos de los años setenta. Así se sostiene una adecuada política de derechos humanos en un Estado de derecho. Respecto de los derechos humanos, es necesario insistir que ni los condenados ni los imputados deben morir en la cárcel.

Hoy resulta evidente que se ha producido un deslizamiento de la justicia hacia la venganza. Fiscales y jueces militantes permiten que se atropellen garantías fundamentales.

 
Editorial diario La Nacion del 23 noviembre de 2015 PDF Imprimir E-Mail
Documentos
miércoles, 23 de marzo de 2016


No más venganza

La elección de un nuevo gobierno es momento propicio para terminar con las mentiras sobre los años 70 y las actuales violaciones de los derechos humanos


Lunes 23 de noviembre de 2015

La senadora por Córdoba Norma Morandini escribió días atrás en estas páginas que la causa de los derechos humanos no se puede defender con mentiras. No se puede defender tampoco con nuevas violaciones de derechos humanos como está ocurriendo en el país.

Un día después de que la ciudadanía votara un nuevo gobierno, las ansias de venganza deben quedar sepultadas de una vez para siempre.

Los trágicos hechos de la década del setenta han sido tamizados por la izquierda ideológicamente comprometida con los grupos terroristas que asesinaron aquí con armas, bombas e integración celular de la que en nada se diferencian quienes provocaron el viernes 13, en París, la conmoción que sacudió al mundo. Aquella izquierda verbosa, de verdadera configuración fascista antes y ahora, se apoderó desde comienzos del gobierno de los Kirchner del aparato propagandístico oficial.

Se ocultó así lo que ya no puede taparse por más tiempo a la compresión de una sociedad cuya composición por edad ha ido cambiando en los últimos cuarenta años. A la sociedad argentina de los años setenta no era necesario explicarle que el aberrante terrorismo de Estado sucedió al pánico social provocado por las matanzas indiscriminadas perpetradas por grupos entrenados para una guerra sucia, a los que el kirchnerismo ha distinguido con la absurda calificación de "juventud maravillosa".

La sociedad dejó aislados a esos "jóvenes idealistas", mientras el terrorismo de Estado los aplastaba con su poder de fuego, sin más salvedades que las de algunas voces aisladas, sin más ley que la de la eficacia de operaciones militares que tenían por objetivo aniquilar al enemigo y sin una moral diferente, en el fondo, que la de los rebeldes a quienes combatían.

Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar. Debatir que quienes sembraron la anarquía en el país y destruyeron vidas y bienes no pueden gozar por más tiempo de un reconocimiento histórico cuya gestación se fundó en la necesidad práctica de los Kirchner de contar en 2003 con alguna bandera de contenido emocional. Lo hicieron así al asumir el poder con apenas el 22 por ciento de los votos. Antes habían mirado en esos asuntos para otro lado.


Hay dos cuestiones urgentes por resolver. Una es el vergonzoso padecimiento de condenados, procesados e incluso de sospechosos de la comisión de delitos cometidos durante los años de la represión subversiva y que se hallan en cárceles a pesar de su ancianidad. Son a estas alturas más de trescientos los detenidos por algunas de aquellas razones que han muerto en prisión, y esto constituye una verdadera vergüenza nacional.

Días atrás, tal situación se ha agravado por una escandalosa decisión del Tribunal Oral de La Plata, que revocó la prisión domiciliaria de varios militares de avanzada edad, como los coroneles Carlos Saini y Oscar Bardelli, el capitán de navío Carlos Robbio y el almirante Antonio Vañek. Pareció una burla su coincidencia con el privilegio domiciliario concedido por esos días, por un tribunal del Chaco, a un mafioso de 65 años, condenado a 19 años de prisión por haber traficado más de mil kilos de cocaína a España.

En segundo lugar, de modo paralelo, han continuado actos de persecución contra magistrados judiciales en actividad o retiro. Uno ha sido el caso del juez federal de Mar del Plata Pedro Hooft, absuelto el año último tras siete años de acusaciones sobre supuestos delitos de lesa humanidad. El perverso armado de la causa salió a la luz por grabaciones aportadas como prueba, pero Hooft está afrontando nuevos ataques. También debimos ocuparnos recientemente del proceso irregular montado contra el juez Néstor Montezanti, de Bahía Blanca, en otro claro intento oficialista de desarticular la investigación de causas que involucran a la familia presidencial.

Sin más elementos que referencias mendaces aportadas por tres militares condenados como autores de las matanzas producidas en la denominada masacre de "Palomitas", se persiguió por más de diez años al ex juez federal de Salta Ricardo Lona. Éste se encuentra en prisión preventiva por supuestas fallas en la investigación de la muerte del ex gobernador de Salta Miguel Ragone, ocurrida en marzo de 1976. Se desconoce, en cambio, que el juez Lona había sido quien reunió las pruebas que llevaron a condenar a los partícipes del hecho, según lo reconoció la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otra parte, la acusación en su contra carece de validez pues la acción no se encuentra instada por los fiscales de la causa, sino por otros designados ad hoc por la cuestionada Procuración General de la Nación, careciendo por ello de atribuciones para impulsar la acción. Con casi 80 años y una grave enfermedad, Lona corre peligro de que los fiscales lo envíen a prisión solicitando la revisión del informe médico que desaconseja rotundamente su traslado a una cárcel.

La cultura de la venganza ha sido predicada en medios de difusión del Estado y en las escuelas habituadas a seguir las pautas históricas nada confiables del kirchnerismo. O sea, la mentira de la que ha hablado la senadora Morandini.

El palabrerío de sujetos que han sido responsables de haber incendiado al país en los años setenta convencidos de que las armas de fuego y los explosivos, con sus secuelas de muerte y dolor, eran la vía de acceso a una sociedad mejor, no puede intimidar a los políticos responsables, ni a los jueces compenetrados de su misión, de actuar en consonancia con la verdad histórica y los principios básicos del derecho penal.

Siempre será indispensable construir a partir de la verdad completa, apaciguar y no agotar la búsqueda de todos los medios necesarios para que se cumpla la imploración del papa Francisco de que todas las herramientas de la ley se activen "para evitar cualquier tipo de venganza y curar las heridas", aunque "sin dejar de mirar las cicatrices", como bien aportó.

 

Editorial diario La Nacion del 23 noviembre de 2015

 
UN INICIO CON CLAROS PRONUNCIAMIENTOS ABRE UN CAMINO CON PERSPECTIVAS QUE ALIENTAN NUESTRA LUCHA. PDF Imprimir E-Mail
Anticarcelaria
jueves, 11 de febrero de 2016

Publicamos y difundimos por todos los medios a nuestro alcance la actividad que organiza la Cátedra Popular Derechos en clave Humana.


Por supuesto que, haciéndonos parte de la iniciativa, invitamos a la actividad que convocan porque es sin duda un momento de debate necesario para la orientación de lucha. Una mesa de arranque como  la que integran los panelistas presentados justifican una apertura de discusión con un alto grado de sinceridad política.


Desde ya que a las definiciones contenidas respecto al 40º Aniversario del Golpe Genocida las tomamos como propias.

 

 

Charla-Debate  A 40 años del golpe genocida. Lanzamiento de Campaña de Solidaridad y por la Libertad de las Presas Políticas de América Latina.

3 de marzo 18:30hs Sede Gremial de AMSAFE. catamarca 2330. ROSARIO
 
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UN 24 DE MARZO CON MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA. PDF Imprimir E-Mail
Documentos
viernes, 05 de febrero de 2016

 

No vemos que la derrota electoral del kirchnerismo sea un motivo para plantear que se debe marchar con los que han sostenido un Gobierno que ha propuesto, votado y promulgado la Ley Antiterrorista, el Proyecto X, la increíble complicidad con la impunidad de los desaparecedores de Julio López, la aprobación de las condenas a los compañeros de Las Heras, las incursiones de Berni al frente de las tropas federales de seguridad contra la protesta obrera y popular y un sinnúmeros de hechos concretos como estos.

Pero el asunto está planteado a nivel nacional por fuerzas de izquierda que hasta ahora han sostenido las marchas independientes que precisamente han cuestionado la farsa del Gobierno de los Derechos Humanos.

Una base de la cual partir a la unidad, según los que proponen una unidad tal que de por resultado una marcha única, reside en que el kirchnerismo ya no es Gobierno. Vaya con la novedad!. Ahora, no por eso adoptó las banderas ajenas y por ejemplo, es evidente que no tomarán como tal la Derogación de la Ley Antiterrorista, cuya existencia le debemos. Cabría entonces que la bajen los organismos que no pudieron ser comprados como tantos, convertidos en oenegés que se abrazan con los genocidas por mandato de Cristina y para limpiarla de la responsabilidad de nombrar a Milani, por ejemplo, como Madres de Plaza de Mayo.

Hebe_Bonafini__Milani

 

 

Y todo así. El kirchnerismo, experto en gambetas descaradas, puede hasta tener cintura para esquivar No a la Impunidad de Ayer y de Hoy; negar la represión en la Panamericana como ya lo han hecho y varias tropelías por el estilo.

Lo que no están dispuesto a hacer es cambiar de parecer, porque la única política que tienen es la bandera de volver al Gobierno de los Derechos Humanos y pedir que renunciemos a sostener las consignas que precisamente desnudaron y desnudan tal mentira gigantesca.

En el caso de la detención de Milagro Sala han expuesto claramente su arsenal de disimulos atentatorios contra la Verdad y la Memoria y en conscuencia, opuesto a la Justicia, que es emblema incluso de la estructura de frente más duradera, consecuente y políticamente eficaz que ha existido por lo menos hasta el presente.

Un costado de la utilización perversa de la detención de Milagro Sala por parte de las organizaciones kirchneristas se patentiza en la mención de que la detuvo un genocida y hoy Secretario de Seguridad de Gerardo Morales, Guillermo Siri, como si esto fuera todo cuanto hay que decir al respecto.

 

Siri

 

 

Lo cierto es que si Siri está allí es porque no está preso y si no está preso es porque una protección concreta y documentada por parte del autotitulado Gobierno de los Derechos Humanos existió durante todo el período cristinista y por supuesto que es aprovechada y continuada por los macriradicales.

Pasamos al detalle.


En la VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

 


23º Reunión - 17º Sesión ordinaria – 24 y 25 de noviembre de 2010, en el punto 3. Asuntos Entrados. Mensaje solicitando acuerdos, consta que se tratará el mensaje remitido

por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo con el objeto de cumplir lo

dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, por medio del cual la señora presidenta solicita acuerdo para promover al grado


inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2010, al personal militar superior del


Ejército que a continuación se detalla.


Generales de Brigada: Gustavo Eduardo LUX; Jorge Ángel TELLADO; César Santos


Gerardo MILANI; Mario Gabriel DOTTO; Daniel Víctor CALLIGARO.

 

Tenientes Coroneles, Cuerpo de Comando, Armas:

….[hay 39 nombres propuestos]

 

Guillermo Luis Domingo SIRI...

…..[hay otros 52 nombres propuestos]

 

 

En dicho mensaje de Cristina Fernández de Kichner, cumpliendo con lo que es la verdad oficial del llamado Gobierno de los Derechos Humanos, dice:

 

 

Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados Oficiales reúnen las condiciones


exigidas por la Ley 19101, ley para el personal militar.


Asimismo, de la información suministrada por la Secretaría de Derechos Humanos del


Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes


que vinculen a los Oficiales Jefes propuestos con causas por violaciones a los Derechos


Humanos y/o causas contra el orden constitucional.

 

 

Quién suministrara tal información no era ni más ni menos que el Secretario de Derechos Humanos por ese entonces (año 2010) Eduardo Duhalde, llamado El Bueno.

 


Ver DOCUMENTO 1

DOCUMENTO SIRI GUILLERMO MILANI ASCENSO AL SENADO

 


Sobre Milani ya hemos expuesto extensamente y sin concesiones en

                          Designación del Gral Milani. El CELS y su encubrimiento.                                                                              jueves,25 de julio de 2013

 

 

Ahora estamos hablando del Coronel Guillermo Siri.


En aquel momento, 24 y 25 de noviembre de 2010, fecha de la versión taquigráfica del Senado, y a pesar del informe de Eduardo Duhalde, llamdo El Bueno, existía ya una causa impulsada por el MEDH de Mendoza contra Guillermo Siri. Había sido iniciada en Septiembre de 2006.

 

He aquí el testimonio.

 

 

Sr. Juez Federal:

PABLO GABRIEL SALINAS en representación de José Fermin Castro y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, conforme a los Poderes para Juicio que se acompañan, con el patrocinio letrado de ANA KATIA TRONCOSO MUÑOZ y VIVIANA LAURA BEIGEL en estos autos Nº 005 F caratulados "Fiscal s/ Av. Delito" se presentan y respetuosamente dicen:

Por lo expresado promovemos la presente constitución de querellante contra todos aquellos que a la fecha de la comisión de estos CRIMENES DE LESA HUMANIDAD se encontraba en funciones en el D2 y toda la cadena de mandos que se desarrolla a continuación, solicitando se establezcan sus actuales domicilios teniendo presente el tiempo transcurrido desde la época en que actuaron en la llamada "lucha antisubversiva".

..

3) Integrantes de los Consejos de Guerra Especiales Estables para la Subzona 33.

Solicitamos se impute a: (se mencionan los grados militares de la época) Coronel Federico Segura, Capitanes Amílcar Virgilio Dib, Jorge Alberto Godoy, Angel Osvaldo Corvalán, Roberto Wellington Di Lorenzo, Luis Guillermo Kettle, Coronel Hugo Alfredo Soliveres, Capitanes Gilberto Esteban Oliva, Jorge Eduardo Baravale, Miguel Angel Castex, José Omar Rodríguez, Teniente primero Lucio Ernesto Rienti, Vice Comodoro Pedro Héctor Monjo, Tenientes Guillermo Siri, Carlos Moreno, Luis Demierre. Actuaron en el Consejo de Guerra en las causas "Fs.c/Luna" (36.887-B) y "Seydell y ots." (S-1854), debiendo establecerse la fecha en que cada uno de ellos se encontraba en actividad en la Subzona 33.

 

Y algo fundamental para nosotros, aunque funcionarios del Gobierno nieguen las desapariciones mientras continúan con el desarrollo de las tareas que inherentes a sus cargos sin que haya ni atisbo de ser molestados por los partidos gobernantes: nombrar a los compañeros. En la causa que citamos, y sólo en ella, ...las víctimas son los siguientes: GLADYS CRISTINA CASTRO DE DOMINGUEZ, L.C. 10.938.484, nacida el 23 de noviembre de 1953, WALTER HERNAN DOMINGUEZ, D.N.I. 11.629.230, nacido el 30 de marzo de 1955, ambos con último domicilio en Luzuriaga Nº 84 del distrito de Villa Marini, Godoy Cruz, Mendoza; y el HIJO o HIJA del matrimonio nacido en cautiverio respecto del cual hasta la fecha no conocemos su paradero.

 

Ver DOCUMENTOS 2

QUERELLA DEL MEDH MENDOZA CONTRA GUILLERMO SIRI

 

Pero para que no se tenga la idea de que Siri era un ignoto acusado conocido sólo por Dios -como reza la fórmula en la tumba del Soldado Desconocido- sino un reconocido represor que tenía parte en la propiedad de la vida y de la muerte que se atribuyen los genocidas aún hoy, hay gran cantidad de testimonios de su siniestra catadura por todas partes. No es propio de recopiladores-investigadores como puede que se crea es nuestro caso. No. Los datos están a tiro de google nomás.

Si decíamos que ya en 2006 se iniciaba una causa contra él por delitos de Lesa Humanidad, la exposición de su condición se actualizaba periódicamente en Tribunales -más allá de los documentos formativos que se difunden para conocimiento popular, como …..- y en 2008, el Colectivo Ex Presos Políticos y Sobrevivientes de Rosario publica una nueva presentación contra Siri, realizada “...en autos Nº 020-F., caratulados "Fiscal c/Menéndez…" por Roberto Vélez, que introduce la presentación judicial con una carta que sintetiza “Estoy solicitando se impute y proceda a la detención de Luciano Benjamin Menendez a cargo en aquella época del III Cuerpo de Ejército, de los integrantes del Comando Militar de la Zubzona 33 (Tamer Yapur), de los Concejos de Guerra Especiales, de la Comunidad Informativa y del Comando Tactico de Operaciones.

A uno de esos Concejos pertenecía Siri, que de hecho, también está imputado en la presentación.

 

Ver DOCUMENTOS 3 Y 4

CARTA DE ROBERTO VELEZ A CEPPS ROSARIO.

 

PRESENTACION DE ROBERTO VELEZ.

 

Aunque de cualquier manera, para quien quiere saber, Siri, aunque difusamente, estaba mencionado ya como Capitán de Ejército Siri en el Legajo de CONADEP 0778/3160.

Todas estas evidentes verdades estaban a disposición de la Presidenta Cristina Fernández que sin embargo afirmó ante el Senado que Siri podía ascender porque no se hallan antecedentes que vinculen a los Oficiales Jefes propuestos con causas por violaciones a los Derechos Humanos y/o causas contra el orden constitucional.    En pleno 2010.

 

La carrera de Siri no paró en el ascenso a Coronel, si no que de la mano del otro genocida ascendido a Jefe del Ejército, el General de División Milani, pasó a un puesto de esos que un General genocida reserva para un Coronel genocida: Secretario del Ejército.

LOS DESCUBRIMIENTOS TAN TARDÍOS COMO CONVENIENTES. 

MORALES Y SU CORONEL GUILLERMO SIRI SECRETARIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE JUJUY - http://bairesinforma.com/2016/01/16/morales-nombro-al-coronel-guillermo-siri-como-secretario-de-justicia-de-jujuy/,

 

dice sacásticamente un titular de un medio digital.

 

 

El secretario de Seguridad de Morales, denunciado por su rol en la dictadura

 

El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza confirmó el perfil y la trayectoria de Siri.…..http://www.enorsai.com.ar/politica/17837-el-secretario-de-seguridad-de-morales--denunciado-por-su-rol-en-la-dictadura.html

 

Aporta otro.

 

Milagro Sala fue detenida por un militar acusado de represor en los años 70, enfatiza uno más de tantos.

Por supuesto pasando por páginas de diarios nacionales.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/290717-76269-2016-01-20.html

"... Raúl Noro, el esposo de Sala, relató la detención de Milagro, de la que participaron decenas de policías y funcionarios provinciales, pero ni un funcionario judicial. Entre ellos, el secretario de Seguridad, el ex coronel Guillermo Siri, “quien todavía tiene que rendir cuentas por violaciones a los derechos humanos”, recordó. Siri figura en varias denuncias por delitos de lesa humanidad como integrante del Consejo de Guerra de la subzona 23 del tercer cuerpo de Ejército. ..."

 

Y siguen una miríada de descubridores que contribuyen a denotar la maldad de Morales, que sabido es, califica suficientemente para hijo de puta por el solo hecho de obrar en el despojo del manejo de planes sociales a la Tupac Amaru -para beneficio de sus propios punteros- apoyado en un trasfondo de denuncias que ya sentara el hacedor del macriradicalismo, Ernesto Sanz, cuando dijo en Santa Fe que la AUH "se está yendo por la canaleta de la droga y el juego". En menesteres como estos, los radicales son aplicados y temibles discípulos del imperialismo: toda oposición social o política debe ser meticulosamente emparentada con el narcotráfico. Bien a lo Plan Colombia.

En realidad, la atribución a Morales de un Secretario genocida como Siri, sin la imprescindible aclaración sobre cómo, cuándo y quién lo proyectó, resulta en desmedro de la verdad hiriendo mortalmente la memoria. Es que la impunidad no puede sino ser atribuida a quien la sostiene, y es Cristina la que encumbró a Siri, no ateniéndose a la verdad y por lo tanto -al mentir- suprimiendo la memoria de todos aquellos que no alcanzaron siquiera a conocer los hechos. Bajo la égida de ella ascendió a Coronel y llegó con su anuencia a la Secretaría General del Ejército de la mano de Milani, que lo llevó de Jefe de la Guarnición de Jujuy al sitial de Secretario a poco de ser nombrado Jefe de la fuerza en 2013.

Desde esta página nos limitamos a exponer un solo ejemplo de la lógica del kirchnerismo en una situación concreta. Hay muchos asuntos más con el mismo dibujo, que, en definitiva, fue expuesto con descaro en todo lo relacionado con Milani.

Nos parece de elemental honestidad partir de estas constancias para despejar las neblinas peligrosas de la unidad mediante el renunciamiento malhadado a la consecuente denuncia de todo cuanto ha contribuído y aporta a la impunidad. Puede parecer oportuno en un principio, pero cómplice temina en complicidad al cabo.

Por otra parte, el enfrentamiento consecuente contra un gobierno abiertamente reaccionario, que ha abierto tremenda ofensiva contra los trabjadores y el pueblo, no puede ser llevada adelante con las melladas armas de un partido burgués. Con ellos sólo se puede contar con la derrota ante semejante enemigo.

 
PRESENTACION DE ROBERTO VELEZ. PDF Imprimir E-Mail
Documentos
viernes, 05 de febrero de 2016

 

PRESENTACION DE ROBERTO VELEZ.


SEÑOR JUEZ FEDERAL:


ROBERTO VELEZ, argentino, casado, mayor de edad, D.N.I. 6.146.316, por su propio derecho, en autos Nº 020-F., caratulados "Fiscal c/Menéndez…" me presento a V.S. y digo:


I- DATOS DEL QUERELLANTE:
Que los datos personales de los querellantes son:
Roberto Velez, nacido en Mendoza el día 31 de Agosto de 1948, con domicilio real en Democracia 2493-Barrio Ujemvi-Las Heras, Mendoza.


II. DOMICILIO LEGAL:
Que constituimos domicilio legal, para todos los fines que correspondan a la presente causa, en la Ciudad de Mendoza.


III. OBJETO:
Que en virtud del presente escrito venimos a constituirnos en querellantes en los términos de los arts. 82 a 83 del CPPN, en contra de quienes resulten imputados por la responsabilidad mediata e inmediata en los hechos que motivan esta presentación y cuya exhaustiva investigación dejan peticionada.


IV. DATOS PERSONALES DE LAS VICTIMAS:
Los datos personales de la víctima en los presentes obrados son los siguientes:
1) Roberto Vélez, nacido en Mendoza el día 31 de Agosto de 1948, con domicilio real en Democracia 2493-Barrio Ujemvi-Las Heras, Mendoza.


V. HECHOS:
A fin de cumplir lo dispuesto por el art. 83 inc. 2 del C.P.P.N. se realiza un breve relato de los hechos en que se funda esta petición:


Roberto Vélez integró el Partido Comunista y fue militante estudiantil. Como tal ocupó el cargo de Secretario General de la Federación Universitaria local y fue presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNcuyo.


Como consecuencia de su actividad política fue expulsado de la Universidad en el año 1976, como así también despedido de su trabajo en el Banco Agrario, en la Cooperativa de Seguros San Cristóbal y en la Bodega Quiroz.


En noviembre de 1975 una bomba fue colocada en su domicilio. El segundo atentado con bombas ocurre en junio de 1976, a lo que se sumó el saqueo de su casa. En esta última oportunidad fue detenido y luego liberado.
El 9 de Agosto de 1976 fue apresado nuevamente, en circunstancias en las que volvía de una reunión partidaria.


Durante esta detención fue torturado y estuvo desaparecido por varios meses, para luego ser "legalizado" a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. En este periodo pasó por el destacamento Almirante Brown de Godoy Cruz, luego fue trasladado a la Compañía de Comunicaciones del Ejército. De aquel lugar era sacado del calabozo vendado y atado, y fue sometido a torturas.


Lo trasladan a la cárcel Provincial y finalmente, en octubre de 1976 fue llevado a la U9 de La Plata donde permaneció hasta diciembre de 1977.


VI.- Sobre el contexto en el que se produjeron los hechos


Acorde a la más reciente jurisprudencia internacional, verbigracia el caso "La Cantuta Vs. Perú" de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corresponde hacer referencia en el análisis de los hechos a lo relativo a las prácticas sistemáticas y generalizadas de detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en la época en que ocurrieron los hechos. En concreto debemos referirnos al plan sistemático que desde el aparato del Estado se desarrollara en el período comprendido entre el 24 de Marzo de 1976 y el 10 de Diciembre de 1983.-


En efecto, la existencia de un plan criminal común se halla acreditada mediante el elenco de órdenes secretas, directivas y decretos que fueron promulgados con la finalidad de ejecutar este plan. Estas Órdenes Secretas constituyen herramientas legislativas de lo que se puede denominar, en palabras empleadas por Suárez Mason en el trascurso del interrogatorio que le fue efectuado ante un juez de Estados Unidos, "State of Siege of Law", esto es, estado de excepción en términos de teoría del estado, y por lo tanto, las órdenes secretas son en realidad y en la práctica las "leyes del sistema de planificación y ejecución de las políticas de represión y exterminio".


Es de suma importancia destacar la relación que existe entre el contexto de referencia y los crímenes de lesa humanidad, a los que nos referiremos oportunamente. Según Doudou Thiam, Relator Especial de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU (1983 - 1995): "Un acto inhumano cometido contra una sola persona podría constituir un crimen contra la Humanidad si se situara dentro de un sistema o se ejecuta según un plan, o si presenta un carácter repetitivo que no deja ninguna duda sobre las intenciones de su autor (...) un acto individual que se inscribiera dentro de un conjunto coherente y dentro de una serie de actos repetidos e inspirados por el mismo móvil: político, religioso, racial o cultural".


Resulta conveniente transcribir las conclusiones arribadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita in loco a nuestro país en el año 1979 y vertidas en el informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. En efecto dejo claro que: "…por acción u omisión de las autoridades públicas y sus agentes, en la República Argentina se cometieron durante el período a que se contrae este informe -1975 a 1979- numerosas y graves violaciones de fundamentales derechos humanos reconocidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En particular, la Comisión considera que esas violaciones han afectado:


a) al derecho a la vida, en razón de que personas pertenecientes o vinculadas a organismos de seguridad del Gobierno han dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención; preocupa especialmente a la Comisión la situación de los miles de detenidos desaparecidos, que por las razones expuestas en el Informe se puede presumir fundadamente que han muerto;


b) al derecho a la libertad personal, al haberse detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a numerosas personas en forma indiscriminada y sin criterio de razonabilidad; y al haberse prolongado sine die el arresto de estas personas, lo que constituye una verdadera pena; esta situación se ha visto agravada al restringirse y limitarse severamente el derecho de opción previsto en el Artículo 23 de la Constitución, desvirtuando la verdadera finalidad de este derecho. Igualmente, la prolongada permanencia de los asilados configura un atentado a su libertad personal, lo que constituye una verdadera pena;


c) al derecho a la seguridad e integridad personal, mediante el empleo sistemático de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuya práctica ha revestido características alarmantes;


d) al derecho de justicia y proceso regular, en razón de las limitaciones que encuentra el Poder Judicial para el ejercicio de sus funciones; de la falta de debidas garantías en los procesos ante los tribunales militares; y de la ineficacia que, en la práctica y en general, ha demostrado tener en Argentina el recurso de Habeas Corpus, todo lo cual se ve agravado por las serias dificultades que encuentran, para ejercer su ministerio, los abogados defensores de los detenidos por razones de seguridad y orden público, algunos de los cuales han muerto, desaparecido o se encuentran encarcelados por haberse encargado de tales defensas.


2. Con respecto a otros derechos establecidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Comisión señala que si bien su falta de observancia no ha revestido la gravedad de los anteriores, las limitaciones a que se encuentran sujetos afectan también la plena vigencia de los derechos humanos en la República Argentina. En relación a estos derechos la Comisión observa lo siguiente:


a) que el ejercicio pleno de la libertad de opinión, expresión e información se ha visto limitado, en diferentes formas, por la vigencia de ordenamientos legales de excepción que han contribuido a crear, incluso, un clima de incertidumbre y de temor entre los responsables de los medios de comunicación;


b) que los derechos laborales se han visto afectados por las normas dictadas al efecto y por la aplicación de las mismas, situación que ha incidido particularmente en el derecho de asociación sindical debido a actos de intervención militar y a la promulgación de estatutos legales que vulneran derechos de la clase trabajadora;


c) que los derechos políticos se encuentran suspendidos;


d) que, en general, no existen limitaciones a la libertad religiosa y de cultos; aunque la Comisión sí pudo comprobar que los Testigos de Jehová tienen graves restricciones para el ejercicio de sus actividades religiosas y que, si bien no existe una política oficial antisemita, en la práctica, en ciertos casos, ha habido un trato discriminatorio en contra de algunos judíos.


3. Asimismo, la Comisión considera que las entidades de defensa de los derechos humanos han encontrado y encuentran injustificados obstáculos para el cumplimiento de la labor que han venido desarrollando.


VII. CRIMENES DE LESA HUMANIDAD:


Los hechos descriptos en la presente querella forman parte de los denominados "crímenes de lesa humanidad", delitos del derecho penal internacional que se caracterizan por afectar a la humanidad en su conjunto, poniendo en peligro o lesionando bienes indispensables para la preservación de la especie humana y es a la luz de los principios del Derecho Penal Internacional que deben ser interpretados y juzgados.


Al decir de la Corte Suprema, los crímenes de lesa humanidad tienen como presupuesto común el de "dirigirse contra la persona o condición humana y en donde el individuo como tal no cuenta, contrariamente a lo que sucede en la legislación de derecho nacional común, en la medida en que sea víctima colectiva a la que va dirigida la acción justamente por esta circunstancia, de la que participan los crímenes contra la humanidad, como los tradicionalmente denominados crímenes de guerra, que se los reputa como delitos contra el derecho de gentes que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar porque merecen la sanción y la reprobación de la conciencia universal al atentar contra los valores humanos fundamentales" (Fallo 318:2148, considerandos 31 y 32).


Asimismo, estos delitos hoy son perseguibles penalmente en función del nuevo marco normativo que impera en la Argentina con la anulación, mediante ley 25.779, de las Leyes de la Impunidad, (Ley de Obediencia debida y Punto Final), nulidad confirmada con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el caso Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. –Causa Nº 17768-".


En consecuencia se trata de delitos imprescriptibles, es decir, que permanecen vigentes hasta tanto no se juzgue y condene a los responsables, conforme a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Delitos de Guerra y de Lesa Humanidad, pues repugna a la comunidad internacional que estos delitos queden impunes por el solo transcurso del tiempo.


En el caso concreto es indudable la existencia de un crimen de las dimensiones señaladas, en efecto de la jurisprudencia de Tribunales especializados en la materia, como puede ser en el caso de referencia el Tribunal Internacional Para la Antigua Yugoslavia (ICTY), se desprenden que sus rasgos característicos son:


1) El crimen tiene que ser cometido directamente contra una población civil. ICTY Kunarac, Kovac and Vukovic (Trial Chamber) 22.02.2001; (Appels Chamber) 12.06.2002. parr 90.


2) No es necesario que sea contra la totalidad de la población, pero si un número suficiente (representativo de ella) ICTY Kunarac, Kovac and Vukovic, (Appels Chamber) 12.06.2002, parr 90.


3) La exigencia de ataque contra la población civil viene a significar en estos momentos una actuación de conformidad con políticas de Estado o de una organización no estatal, pero que ejerce el poder político "de facto".


4) El ataque debe ser "generalizado o sistemático". Kunarac, Kovac and Vukovic (Trial Chamber) 22.02.2001, para 431; Kordic and Cerkez (Trial Chamber) 26.02.2001, para 179; BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 206; Martinovic, (Trial Chamber) 31.03.2003, parr. 236; Kunarac, Kovac and Vukovic, (Appels Chamber) 12.06.2002, parr 94; Naletilic and Martinovic, (Trial Chamber) 31.03.2003, parr. 236; BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 203.


5) El ataque es el que debe ser "generalizado o sistemático", no los actos del acusado.


6) Puede ser calificado como crimen contra la humanidad un simple acto, si está en conexión con un ataque "generalizado o sistemático". Kordic and Cerkez (Trial Chamber) 26.02.2001, para 178; Kupreskic et al. (Trial Chamber) 14.01.2000, para 550.


7) Intencionalidad. El autor debe tener el propósito o intención de cometer los delitos subyacentes. Vasilejevic, (Trial Chamber) 29.11.2002, parr. 37.


8) Conocimiento: El autor debe tener conocimiento de que participa en un ataque generalizado o sistemático. Kunarac, Kovac and Vukovic, (Appels Chamber) 12.06.2002, parr 102, 410; , Tadic (Appels Chamber) 15.07.1999, parr 271; Kordic and Cerkez (Trial Chamber) 26.02.2001, para 185; BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 244, 247. Debe tener conocimiento del ataque y del nexo entre sus actos y el contexto,


9) Este conocimiento del contexto es inferible de la concurrencia de una serie de elementos, tales como el conocimiento del contexto político en que se produce, función o posición del acusado dentro del mismo, su relación con las jerarquías políticas o militares, amplitud, gravedad y naturaleza de los actos realizados, etc.. BlasKic (Trial Chamber) 3.03.2000, para 258-259.


La Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismo jurisdiccional regional, a su turno, ha sistematizado en sus últimas sentencias la doctrina de la misma en relación con los crímenes contra la humanidad y las características de éstos.


Así, en casos como Almonacid Arellano Vs. Chile, La Cantuta Vs. Perú o Goiburu Vs. Paraguay ha ratificado el carácter de ius cogens de que goza la prohibición de estos crímenes, con las obligaciones que de ello se derivan para los estados, principalmente la de enjuiciar a los responsables y la imposibilidad de amnistiar estas conductas.
Por ello la penalización de estos crímenes es obligatoria conforme al derecho internacional general.


VIII. RESPONSABLES:


La responsabilidad por estos hechos comprende a todos los que de algún modo han intervenido, en su calidad de autores mediatos y directos, en función de los distintos grados de responsabilidad asumidos, de acuerdo a los principios desarrollados por Roxin a partir de los casos jurisprudenciales Eichmann y Staschynski y formulada como "teoría del dominio de la voluntad a través de aparatos organizados de poder", principios consagrados por nuestra Jurisprudencia en la Causa Nº 13 contra las Juntas Militares en el año 1985.


Así, la moderna doctrina penal, a fin de dar respuestas a situaciones que no pueden encuadrarse en los criterios tradicionales, entendió que la responsabilidad penal debe basarse en la teoría del dominio del hecho, considerando AUTOR a quien domina el hecho, quien retiene en sus manos el curso causal y que por tanto puede decidir sobre el sí y el cómo del hecho, quien tiene la posibilidad de decidir la configuración central del acontecimiento. Esta teoría producida por el finalismo de Welzel, fue desarrollada y precisada en sus límites y contenidos por Claus Roxin en su obra "Autoría y dominio del hecho en Derecho Penal" (Ed. Marcial Pons, Madrid, Edición 2000).


Este autor parte de la idea expresa que quienes mueven los hilos de un aparato organizado de poder, tienen interés en la realización del hecho, tanto como el inductor, por lo que el fundamento de su autoría no puede sustentarse en una posición subjetiva con relación al hecho que se realiza, sino sólo en el mecanismo de funcionamiento del aparato en el marco en el que se actúa.


La tesis del dominio del hecho debe ser utilizada a fin de juzgar los delitos de lesa humanidad que aquí denuncian, por cuanto aquellos fueron cometidos mediante la utilización de un aparato organizado de poder desarrollado desde el Estado y en el marco de la no vigencia del Estado de Derecho.


Por lo expresado promovemos la presente constitución de querellante contra todos aquellos que a la fecha de la comisión de estos CRIMENES DE LESA HUMANIDAD se encontraba en funciones en el D2 y toda la cadena de mandos que se desarrolla a continuación, solicitando se establezcan sus actuales domicilios teniendo presente el tiempo transcurrido desde la época en que actuaron en la llamada "lucha antisubversiva".


Se encuentra suficientemente acreditada ante la Justicia Federal de Mendoza, la responsabilidad penal que le cabe a los integrantes de la cadena de mandos con responsabilidad decisoria y actuación operativa a la fecha de los hechos. A tal efecto solicitamos se impute y se proceda a la inmediata detención de las siguientes personas:


1) Luciano Benjamín Menéndez, comandante de la Zona 3, desde septiembre de 1975 hasta el 29 de septiembre de 1979.


2) Integrantes del Comando Militar de la Subzona 33 a la fecha en que se produjeron los hechos. Nos remitimos a la descripción de su organización y funcionamiento efectuada por la Excma. Cámara Federal de Mendoza en autos Nº 49.772-L-878 "Lépori, Mario Ramón s/ Planteo de Incompetencia". Ellos son:


A) Tamer Yapur, 2º Comandante de la VIII Brigada de Infantería de Montaña a la fecha del hecho denunciado. El Comandante, Gral. Maradona, ya falleció.


3) Integrantes de los Consejos de Guerra Especiales Estables para la Subzona 33.


Solicitamos se impute a: (se mencionan los grados militares de la época) Coronel Federico Segura, Capitanes Amílcar Virgilio Dib, Jorge Alberto Godoy, Angel Osvaldo Corvalán, Roberto Wellington Di Lorenzo, Luis Guillermo Kettle, Coronel Hugo Alfredo Soliveres, Capitanes Gilberto Esteban Oliva, Jorge Eduardo Baravale, Miguel Angel Castex, José Omar Rodríguez, Teniente primero Lucio Ernesto Rienti, Vice Comodoro Pedro Héctor Monjo, Tenientes Guillermo Siri, Carlos Moreno, Luis Demierre. Actuaron en el Consejo de Guerra en las causas "Fs.c/Luna" (36.887-B) y "Seydell y ots." (S-1854), debiendo establecerse la fecha en que cada uno de ellos se encontraba en actividad en la Subzona 33.


4) Integrantes de la Comunidad Informativa (personal de los Servicios de Inteligencia) y del Comando de operaciones Táctico (personal de operaciones), partícipes de la actividad de persecución, detección, secuestro, privación de la libertad en lugares clandestinos, interrogatorios bajo tormento y homicidios, ocultamiento del destino final de la víctima y de sus restos.


X. MEDIDAS ÚTILES.


a) Documental:


1) Nos remitimos al organigrama de la Represión acompañado en causa caratulada "Pérez, Jorge Albino, Pérez, Emiliano, Fonseca, Gloria Nelly Desaparecidos", el cual pedimos se agregue a la presente.


XI. NOTIFICACIONES:


Conforme lo dispone el art. 92 del C.P.P.N. y la jurisprudencia mayoritaria en resguardo del debido proceso legal y el derecho de defensa, corresponde y así lo pedimos, que oportunamente se proceda a notificar la presente constitución en querellantes a quienes resultan imputados, en forma personal, y a sus defensores en los domicilios legales.


XI- PETITORIO:


Por todo lo expuesto a V.S. solicitamos:


1º) Me tenga por presentado en el carácter invocado y por constituido domicilio legal.


2º) Se me confiera la intervención que por ley corresponda a los querellantes particulares artículo en virtud de lo establecido por el articulo 83 y siguientes del C.P.P.N.


3º) Se tenga presente la prueba ofrecida para su oportunidad.


Proveer de Conformidad.
ES JUSTICIA.


(Fuente:Rdendh).


 

 
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