Encabezado de la nota de ROSARIO/12 del 18 de mayo de 2010 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-23627-2010-05-18.html

“... esto lo vamos a abordar con las organizaciones (de derechos humanos) en un reunión con los tres ministros del área y sus tres secretarios (Justicia, Gobierno y Seguridad), más los directores del Programa de Protección de Testigos y del Servicio Penitenciario que se realizará de ser posible el viernes.”

 ¿Y?

¿El viernes? (a más de un mes de la libertad del Cura Marcote. ¿Se sabe hoy quiénes son los supuestos “protectores de testigos”?. ¿Hubo sanción por la zona liberada para el asalto a la casa de Josefina González y Federico....? . Y mil preguntas más. Entonces, insistimos ¿y?.

La nota periodística de Rosario/12 es escueta. Tan escueta como los resultados de la reunión.
Pero más reveladora que muchas otras si se lee con la preocupación del lucha contra la impunidad.

Resulta que fueron Gustavo Brufmann, Juan Rivero, Didi Quiroga, Liliana Gómez, Olga Moyano, Carlos Novillo, Laura Ferrer, Leticia Faccendini y Ana Moro, Héctor Medina, Lilián Etchegoy, Elida Luna, Alfredo Vivono, al Ministro de Gobierno de la Provincia. Le plantearon la preocupación por la liberación de tres de los más connotados represores de Rosario: el Ciego Lofiego, el Cura Marcote y Rito Vergara, pero en particular, que los testigos, víctimas, querellantes, abogados, etc., se enteraron por los diarios de semejante aberración demostrativa de que en Argentina lo que más abunda es la protección de violadores de los Derechos Humanos, no la de aquellos que persiguen condenas para ellos. Y esta manera de enterarse habla a las claras de que el Gobierno Provincial no tiene el más mínimo interés ni toma elementales recaudos que puedan indicar que el tristemente famoso Programa de Protección de Testigos está hecho a favor de los mismos y no como una pantalla de engaño que sirve para que libremente se muevan los asesinos bajo proceso. Ni hablar de las bandas asociadas a los asesinos bajo proceso, que son otros asesinos que defienden con amenazas y hechos concretos permanentes a los mismos.
También le hicieron reproches y reclamos porque quienes allí estaban pertenecen al activismo de Derechos Humanos desde hace años, e incluso alguno, como Vivono, fue funcionario del área en el gobierno de Obeid.
Lo cierto es que -tomando en cuenta lo informado por el diario cuya versión sobre la reunión es la única- todo viene de mal en peor.

En primer lugar porque hasta ahora no se removió a ninguno de los responsables del silencio en que se produjo la libertad de los criminales cuya presencia en la calle pasaba a ser inmediatamente una velada amenaza para todos los relacionados con los juicios, sean o no actuantes dentro del proceso, porque sin duda, cualquier militante de DDHH está en la mira de las bandas de genocidas organizadas para la propaganda o el asesinato y la desaparición, el secuestro o el robo. Julio Lopez está desaparecido, de Silvia Suppo no han aclarado ninguno de los cuestionamientos a la versión de asesinato común que hasta ahora se exhibe, el asalto a la casa de Josefina y Federico en Rosario no ha sido aclarado y existe un encubrimiento oficial más grande que en cualquier caso, porque hubo  la famosa “zona liberada” por el personal del Programa de Protección de Testigos y así hasta el hartazgo.
Pero lo que trasciende en esta nota es que el Gobierno se ríe de la ilusión de que se modifique su conducta cómplice.
“--¿Es verdad que Mario Marcote fue liberado el 19 de abril?” le pregunta el periodista. Y qué responde Bonfatti?: --No sé exactamente la fecha pero lo que sí puedo decirle es que nos enteramos 48 horas después.
Es decir, que se enteraron más o menos 10 días antes de que liberaran a Lofiego y Vergara, los otros dos integrantes del siniestro trío, el que ha cometido más homicidios que la peor banda de  asesinos que desvelan al mismo Bonfatti por el clima de “inseguridad” que ocasionan. Y no dijeron nada. No dijeron “cuidado que ahora los vamos a liberar a los otros dos”. No se molestaron siquiera en levantar un teléfono y preguntar a alguno de los tantos asesores que tienen incluso en la Secretaría de Derechos Humanos qué es lo que está ocurriendo que los asesinos del pueblo, a días del juicio oral, están saliendo en libertad.

El periodista, con justificada insistencia, vuelve a preguntarle: “--¿Pero puede confirmar si hubo una primera liberación, a mediados de abril y luego dos más a fin de mes?”. Y Bonfatti se reafirma en su descarado juego de palabras que sin embargo no alcanza para exonerarlo de haber ocultado la situación favoreciendo la creación del estado de peligro para los que dice proteger: “--Si me pregunta fechas concretas se me va a escapar, pero puedo darle la firme decisión política de este gobierno de involucrarnos en la protección de los testigos, de que se esclarezcan para el bien del país estos casos, que se haga justicia,--Si me pregunta fechas concretas se me va a escapar, pero puedo darle la firme decisión política de este gobierno de involucrarnos en la protección de los testigos, de que se esclarezcan para el bien del país estos casos, que se haga justicia, y que aquellos que han cometido ilícitos de todo tipo, paguen en la cárcel si es necesario.

Esto merece un análisis más pormenorizado. Primero, que no se sabe qué es lo que se le “va a escapar” si le preguntan fechas. ¿Se le escapará cómo hicieron para ocultar que las hienas estaban secretamente puestas en libertad por Bonfatti y su gente?. ¿Será eso?. Pero después de la sanata sobre cómo son de “derechos y humanos” en su Gobierno “Progresista”, rubrica con algo que debemos denunciar como una complicidad abierta:

“... y que aquellos que han cometido ilícitos de todo tipo, paguen en la cárcel si es necesario.”

Nadie nunca puede olvidar esta sentencia. Bonfatti no cree, evidentemente, aún hoy, aún frente a las propias víctimas, que sea necesario el castigo del genocidio. Bonfatti condiciona vaya a saber a que intereses la condena a la cárcel. Bonfatti no dice paguen con la cárcel como es justo, ni como es debido, ni como corresponde ni como reclama el pueblo. Bonfatti dice que la aspiración de Juicio y Castigo, de Perpetua y Común, y demás consignas populares, sólo son aplicables “si es necesario”.

Lo que sigue es un reguero de estiércol. Bonfatti se desbarranca en una mentira tras otra como si nada, con una soberbia que insulta.
Le preguntan:

--¿En qué lugar falló la cadena de información teniendo en cuenta que la Alcaidía de la jefatura la maneja la propia policía?
--Falló hacia arriba, hacia el propio Ministerio porque se lo tomó como una liberación de presos comunes, y en verdad no lo son, por lo cual desde ahora hemos dado órdenes nuevas. La cadena falló en el que no informó, en los escalones inferiores.

Semejantes dichos ameritan que hagamos una salvedad lingüística para no ser tomados mal hablados. No podemos definir de manera políticamente correcta y timorata que Bonfatti nos toma de tontos o sonsos, sino que para que quede bien claro, decimos con el Congresista de la Lengua del 2004, Roberto Fontanarrosa, en su tesis sobre las malas palabras, que lo que corresponde al énfasis y claridad necesarias es señalar que no somos pelotudos para tragarnos la del Ministro.
Marcote, Lofiego y Vergara estaban separados de otros presos comunes porque son canas verdugos que no tendrían mucha suerte entre ellos y porque gozaban de privilegios que otros no tenían, ya que hasta hace apenas unos años (después de la Dictadura) eran camaradas y jefes incluso -como Lofiego- de sus custodios. Estaban claramente separados, materialmente apartados de los comunes.
Es decir, que ni el más insignificante de los canas ignoraba eso y mucho menos los oficiales que tramitan una excarcelación.
Por otra parte, en una alcaidía no se ignora por disposición de que Juzgado y por qué causa se encuentra un detenido, y si alguna distracción imposible de creer hiciera no tener en cuenta tal circunstancia, la orden de libertad ya lo recordaría de inmediato, porque todos los escritos de Tribunales traen más o menos las mismas características: “en autos xxx incoados contra xxx por xxxx ante este Juzgado Federal xxx se ha dispuesto tal o cual cosa”. Así que eso de que “se lo tomó como una liberación de presos comunes,...” es una mentira más de Bonfatti.
Dice que “La cadena falló en el que no informó, en los escalones inferiores.”. Ahora bien: a qué llama Bonfatti los escalones inferiores es un misterio más mentiroso que el viejo de la bolsa. En una excarcelación intervienen más comisarios que en el casamiento de la hija de uno de ellos. Y más oficiales que en una fiesta de fin de curso de la escuela de policía. Pasa tantas oficinas internas que el sello escalera da como para llegar a un décimo piso por lo menos.

No compartimos ni por un segundo lo que habitualmente se dice: que lo criticable es que no tienen debidamente controlada a la Policía, que no ejercen el mando eficazmente, que son débiles porque la Policía los puentea y les hace trastadas. No es así. Bonfatti y sus funcionarios sabían lo que estaba pasando y por lo tanto son cómplices de que funcione el secreto de estos hechos para beneficio de los genocidas liberados.
Queremos reafirmar esta convicción: no es distracción, no es que se haya “cortado la cadena”, no es que exista un simple desinterés de los funcionarios -lo que ya sería gravísimo- no es que no puedan controlar a la cana, carencia de autoridad o eficacia, no es que “no puedan gobernar a la policía”: es liso y llano favoritismo lo que no puede entenderse sino como complicidad.

Cabe una reflexión previsora para quienes luchamos contra la impunidad en todas sus formas, es decir, con o sin condena.
En este sentido debemos remarcar que no se puede hacer de los episodios una colección de hechos aislados que se suman. Hay que tener en cuenta todos y cada uno de ellos y relacionarlos como que están relacionados.
No puede ser que se ponga el grito en el cielo porque Amelong, durante su último alegato personalmente hablado, haya predicho que “todos sabemos que aunque sea una pena de 25, 40 años, o un año, esto termina en dos o tres años porque es una cuestión política” y no se vea que esto es un principio de ejecución de su advertencia.
Si tres siniestros personajes, de lo más identificados como los nombres propios de las bandas asesinas, sigilosamente son puestos en libertad con orden de Casación y meticuloso silencio del Gobierno, a días apenas de iniciarse el juicio oral, va siendo hora de ver las cosas como son, denunciarlas como corresponde y actuar en consecuencia.