1.       La Liga Argentina por los Derechos del Hombre entiende su participación en los juicios contra los responsables del Genocidio sufrido por el pueblo argentino como una continuidad histórica de su lucha por la libertad de los presos por causas políticas y las víctimas de la represión estatal, lucha que arranca en la Década Infame (los 30 del siglo XX) y que hemos mantenido en todos los periodos transcurridos desde entonces, bajo todas las dictaduras y en todos los periodos constitucionales de gobierno.  Los nombres de Teresa Israel y Baldomero Valera, desaparecidos por la última dictadura, y de Freddy Rojas, asesinado en el periodo institucional abierto en 1983, son prueba incontrastable de nuestra coherencia entre la teoría y la práctica, entre el decir y el hacer; coherencia que procuramos defender en estos días en los juicios testimoniando, querellando, construyendo voluntad colectiva para vencer la impunidad.

2.       Desde nuestra fundación en 1937 hemos procurado comprender los derechos humanos desde una perspectiva de integralidad. Perspectiva que no sólo reclama pensar todos los derechos a los cuales los seres humanos deben acceder, sino entender que la vigencia de ellos sólo se verifica cuando se accede a todos los derechos para todos.  Puesto que los derechos humanos son inescindibles, si alguno de ellos o un grupo de ellos queda fuera del alcance social, no hay vigencia real de los derechos humanos. Por ello, nos esforzamos para no fracturar la lucha contra la impunidad histórica como parte de la lucha contra todas las impunidades y todas las violaciones a los derechos de los pueblos. Así, en el último periodo hemos sido parte, y lo seguiremos siendo hasta que se cumpla el reclamo, de los que piden aparición con vida de Julio López y el esclarecimiento de todas las amenazas contra luchadores sociales y por los derechos humanos, contra las torturas y el gatillo fácil, por el derecho a la vivienda digna y el cese de toda discriminación por etnia, religiosidad, género, orientación sexual, identidad de género o convicción ideológica, entre otros muchos campos de disputa. La historia del capitalismo argentino y latinoamericano confirman la idea de que capitalismo y derechos humanos son incompatibles y le dan horizonte político de nuevo tipo al sueño de todos los derechos para todos (consigna de la Revolución Mexicana de principios del siglo pasado) tal como lo entienden los pueblos que siguen el camino de la lucha por un Socialismo del Siglo XXI que sea coherente con esa historia de lucha, con las culturas originarias y con las conquistas democráticas de nuestros pueblos; todo lo cual nos lleva a resaltar el derecho de  los pueblos a la autodeterminación, acaso hoy el más urgente y peligroso para el Imperio y sus cómplices locales.

3.       Valoramos altamente los juicios en curso porque fueron conquistados por la lucha popular y para llegar a ellos tuvimos que vencer la política y el discurso de la dictadura militar, de los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y las limitaciones de las políticas impulsadas en el actual período.  Así, enfrentamos y vencimos, como parte del amplio y plural espacio social y político que luchó por ello, el discurso dictatorial de que los desaparecidos estaban fugados en Europa o el Caribe o muertos  y su política de auto amnistía; el discurso de los Dos Demonios y las leyes de impunidad de Alfonsín, el discurso de pretendida reconciliación nacional y los decretos de indulto a los pocos condenados en el juicio a la Junta Militar y los que aun tenían causas abiertas, los decretos de De la Rúa que impedían extraditar a los represores para que fueran juzgados en España dado que en la Argentina reinaba la impunidad y los intentos de Duhalde de impedir los juicios que ya estaban en curso para el 2002.  Fuimos parte de los que conquistaron la anulación de las leyes de impunidad y la decisión de la Corte Suprema correspondiente, que posibilitaron la reanudación y/o apertura de juicios contra los genocidas y hoy actuamos como querellante en más de cuarenta causas en instrucción en casi todo el país y en los juicios orales que se están sustanciando en estos días en Santa Fe, Santa Rosa La Pampa, Resistencia Chaco, La Plata Pcia. de Buenos Aires y los que se llevan adelante en los tribunales de Comodoro Py en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como antes actuamos en los de la causa Campo de Mayo ante los tribunales de San Martín.

4.       En estos años hemos tenido que superar también la complicidad del Poder Judicial que fragmentó las causas hasta límites grotescos (se llega a juicios orales por una compañera o compañero y contra un represor), permitió toda clase de maniobras políticas disfrazadas de acciones jurídicas que frenaron y retrasaron las causas teniendo dicha acción un punto de referencia en la Cámara Nacional de Casación, que en diciembre de 2008 pretendió hacer estallar todo el proceso con su decisión de liberar a represores célebres como Astiz, Acosta y otros.  Con la toga de la “normalidad procesal” han limitado los juicios, y también hemos debido vencerlos en ese terreno.  A pesar de los reclamos del movimiento de derechos humanos, que el propio presidente de la Corte Suprema acaba de recordar y reconocer, tampoco el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo cumplieron con su deber de ordenar, planificar, financiar adecuadamente y garantizar la difusión pública que los juicios ameritan.

5.       A pesar de todo ello, si nos posicionamos para el análisis desde una perspectiva histórica, de proceso de luchas sociales, y consideramos los magros logros de otras experiencias de lucha contra la impunidad (como las de Chile o El Salvador) podemos considerar que nuestra lucha ha superado el límite que los represores y el Poder real estaban dispuestos a soportar en este terreno y han transformado los juicios en una gran victoria contra el Olvido y la Impunidad.  De allí la furibunda campaña por la impunidad que impulsan Duhalde, Macri, Carrió y otros referentes de una derecha que sabe, que si no detienen los juicios, estos terminarán cuestionando su legitimidad histórica y la de su amo imperial que inspiró y respaldó el Genocidio al tiempo que fingía un discurso de derechos humanos que hoy pretende renovar contra los procesos populares de cambio latinoamericanos.  La prensa que inspira y sostiene a la derecha, trata de ocultarlos, minimizarlos, banalizarlos y de instalar –aprovechando cualquier excusa- la idea de que los juicios son incompletos porque solo juzgan a uno de los contendientes, apelando a la teoría de los Dos Demonios y dando crédito al  discurso de los jefes del Genocidio, que éstos son juicios políticos, de venganza contra quienes “salvaron la patria del comunismo”

6.       En ese marco, el anuncio de la Corte Suprema de seguir adelante con los juicios sin importar los cambios que haya en el gobierno nacional, constituye la expresión de un clima social que se expresó en ocasión del Bicentenario y marca un nuevo tiempo para el movimiento popular en la Argentina, que tiene en la convicción de no conciliar con la impunidad, uno de sus puntos más fuertes.

7.       La etapa actual de la lucha es por ampliar los juicios en el sentido de sentar en el banquillo de los acusados a los representantes de los grupos económicos, de los medios de comunicación, a los diplomáticos, a los intelectuales y comunicadores, etc. que formaban parte del bloque de poder al momento de tomar la decisión de arrasar al movimiento popular por medio del Terrorismo de Estado, para lo cual comprender el contexto histórico y entender lo ocurrido como un Genocidio sería de gran contribución. Se impone, también, acelerarlos por medio del camino de la unificación de las causas, la designación de tribunales de instrucción que trabajen en exclusividad en estas causas, la multiplicación de Tribunales Orales que emprendan la tarea de llevar a juicio las causas que ya han sido completadas, etc.; lo cual sería  un modo simple y concreto de luchar contra la “estrategia Pinochet”, aquella que se plantea demorar sin límite los juicios de modo tal que los represores mueran acusados pero sin condena, impunes judicialmente a pesar de la condena social que ya cargan

8.       En este marco, no compartimos la posición de acusar penalmente a aquellas personas que luego de ser capturadas por las fuerzas represivas se quebraron y fueron obligadas a cumplir diversas labores y/o a realizar determinadas acciones funcionales al plan de exterminio, acciones realizadas bajo el estado de servidumbre y que fuera uno de los posibles resultados del proceso de deshumanización que conlleva el terror impuesto por las acciones características del Terrorismo de Estado.  Una vez más, corresponde señalar que como organismo de derechos humanos, es a éste, al Terrorismo de Estado, a quien juzgamos y no a sus víctimas o a sus acciones cometidas luego de la captura, no importa lo desgraciadas y repugnantes que nos resulten.  Desde el momento en que el Estado los capturó, es el Estado el responsable de su suerte y de sus acciones; de haberse  cometido delitos en el curso de estas acciones impuestas, directa o indirectamente por el Terrorismo de Estado, las mismas no pueden ser achacadas a quienes fueron, al menos inicialmente, víctimas del Terrorismo de Estado, sino a sus  inspiradores, organizadores, ejecutores y beneficiarios quienes deben ser considerados penalmente responsables de tales actos.  Ningún delito debe quedar impune, pero jamás avalaremos la teoría de los Dos Demonios, teoría que se beneficia notablemente de la pretensión de juzgar a aquellas personas que por su condición militante fueron capturadas por el aparato estatal, más allá de que en el transcurso del drama vivido hayan perdido –algunos de ellos- los atributos que distinguieron a la generación del 70 y distinguen desde entonces a la mayoría de los sobrevivientes que han dado una conmovedora batalla por la verdad y son la base fundamental de la acusación contra el genocidio. Abrir la puerta para el juzgamiento de los quebrados, equiparándolos a los jefes y perpetradores del Genocidio, no solo es jurídicamente insostenible (pues el Código Penal no se rige por los códigos del honor militante, sino que presume que en aras de la supervivencia los individuos realizarán cualquier acción, resultando por tal estado de necesidad (de vuelta, jurídicamente hablando) inimputables) sino políticamente muy peligroso pues deja de cuestionar al Estado que organizó el Terrorismo para poner la mira en las limitaciones del movimiento popular, que eso eran los quebrados por la dictadura: muestra de nuestras debilidades como sujeto en busca de la libertad y castigados sin piedad por el bloque de  poder real.

9.       Por principio, desde nuestra fundación en 1937, no somos partidarios de resolver los problemas del campo popular ante los estrados de la Justicia; así hemos actuado siempre y así será.  Los debates sobre las conductas colectivas de las organizaciones, e individuales de los militantes, bajo la dictadura, son debates que venimos haciendo desde el momento mismo de los hechos y que deberán seguir haciéndose en ese plano, no con el ánimo inquisidor de “descubrir el traidor” sino con el espíritu guevarista de aprender de las derrotas para que la próxima vez no nos vuelva a pasar.  Y no es un debate académico: la imposición de un gobierno títere de los EE.UU. por medio de un golpe de Estado en Honduras nos obliga a discutir cómo impedir que los planes imperiales de hacer tabla rasa con todos los cambios, grandes y pequeños, que ha habido en América Latina.  Los que transforman todo debate en un debate oposición/oficialismo pareciera que no han aprendido nada de la historia política argentina y parecieran ignorar la presencia de una derecha fascista que busca incansablemente su oportunidad para revertir los juicios, el modo que se construye la memoria y todos aquellos pasos que molestan al Poder Real como la integración latinoamericana o la Ley de Servicios Audiovisuales.

10.    Queremos ser sinceros y contundentes: no es un Tribunal Oral de este Poder Judicial, que en alguna medida y más allá de los cambios positivos que no hemos dejado de señalar, puede pensarse como heredero y continuador del que avaló y acompañó la dictadura y la impunidad, el ámbito adecuado para discernir problemas tan complejos y delicados como la conducta de los militantes ante los torturadores o la de sus organizaciones en el momento histórico.  Y, si bien no igualamos conductas, ya que no todos los que entraron siendo militantes populares mantuvieron esa condición tras la captura y la tortura, no admitimos que se considere que es este poder judicial, o son estos Tribunales, los que tienen los atributos morales para juzgarlos.  Nunca hemos hecho culto de la Justicia en abstracto ni lo haremos ahora puesto que hemos luchado toda nuestra existencia por superar los límites del Derecho a través de algunos aportes nada desdeñables (caso Ingalinella, caso Inés Ollero, caso Floreal Avellaneda, caso Echecolatz, etc. etc.) para la lucha política por un nuevo sentido común jurídico que empieza a expresarse en las condenas contra el Terrorismo de Estado que no sólo reconocen la pre existencia de un Plan Sistemático sino que hablan de su planificación y ejecución en el marco de genocidio. Identificando sus límites, reconocemos estos juicios como un espacio de combate contra la impunidad y el olvido, para reivindicar los compañeros y construir una mirada sobre nuestra historia que nos haga entender el rol fundante del Terrorismo de Estado sobre el modelo capitalista neoliberal que aún nos agobia,  procurando aportar para que se llegue a la condena de todos los genocidas por todos los compañeros victimizados.

No confundir las etapas de la lucha es acaso la primera exigencia para los que aspiran a la victoria y nosotros queremos derrotar la impunidad y sus defensores, para que la democracia y la lucha por todos los derechos para todos en la Argentina tengan futuro.

Buenos Aires, 24 de agosto de 2010

Liga Argentina por los
Derechos del Hombre

Asociación civil fundada en 1937,

integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos,

con sede central en Corrientes 1785 2º C y presencia militante

en  la Capital Federal y el Gran Buenos Aires;

y las provincias de  Santa Fe, Córdoba,Tucumán,

Catamarca, Jujuy, Chaco, Corrientes, Formoza,

Entre Ríos, La Pampa,  Mendoza y  Buenos Aires