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Estamos en épocas de objetores que pretenden desde el púlpito de la inconciencia, arbitrar sobre la vida social. Tal como fue con la Ley de Divorcio, pasa con la del matrimonio entre personas de un mismo sexo y se extiende a terrenos más profundos, como es el caso del aborto no punible, o lo que es lo mismo, se meten con la salud del pueblo. En muchos casos, y como la proverbial cobardía de los políticos patronales es un artículo de consumo cotidiano, las leyes contemplan la objeción de conciencia como un recurso del cavernícola de turno en una oficina de matrimonios por ejemplo. En el caso del llamado matrimonio igualitario, a lo sumo los objetores consecuentes se irán con sus objeciones a otra parte, menos al lugar de sus funciones. Pero la legislación santafesina admite esta excusa en el terreno más peligroso, y está en marcha la implementación de un formulario por el cual se permite a algunos empleados de la Provincia negarle asistencia de salud a necesitados de ella. En virtud de antojos personales, se pone en marcha una vía de negación de derechos primordiales, sobre todo a los sectores más pobres. Véase al pie del presente el formulario y podrá medirse la cuantía de la pérfida disposición por la cantidad de opciones que se les ofrece para que arbitrariamente elijan los objetores de conciencia. En virtud del mismo, los objetores no se irán -como en otros casos puede suceder- a otra parte, sino que es la Provincia la que se reordenará en virtud de sus exigencias y nosotros quedamos sujetos a ese reordenamiento dispuesto por las arbitrariedades, que como todo lo hecho arbitrariamente aconsejado por el oscurantismo, será puro perjuicio. Página/12 -
Lunes, 28 de junio de 2010
Está en marcha el Registro de Objetores de Conciencia en salud sexual y reproductiva Para garantizar los derechos La provincia envió los formularios a todos los hospitales y centros de salud, donde los profesionales deberán detallar si objetan alguna práctica. Con esa información, se reorganizará al personal para que los servicios estén disponibles. Por Sonia Tessa 
Los servicios deberán proveer todas las prácticas previstas en la ley de salud sexual y reproductiva.
| La Municipalidad analiza poner en práctica el Registro de Objetores de conciencia que lanzó el gobierno provincial, una herramienta para garantizar el acceso de las usuarias del sistema de salud público a las prácticas de salud sexual y reproductiva. La resolución del ministro de Salud Miguel Angel Cappiello que habilita el registro fue firmada el 28 de abril pasado, pero se presentó un mes después, el Día Mundial de Acción por la Salud de las Mujeres. A partir de entonces, comenzaron a girarse los formularios a los distintos hospitales y centros de salud, que tendrán 90 días para enviar la información. Cada trabajador deberá responder si objeta alguna práctica, o si lo hace en algún caso. Por ejemplo, podrá consignar si objeta la prescripción de anticonceptivos hormonales a menores de edad, o la ligadura tubaria en determinada situación, y de este modo, cuando el Ministerio de Salud cuente con toda la información, organizará los servicios bajo la premisa de que todas las usuarias y usuarios del sistema tengan garantizados sus derechos. Al mismo tiempo, el registro será publicado en internet, y deberá estar disponible en todos los centros de salud, para que las usuarias y los usuarios de los servicios de salud conozcan quiénes son los objetores de conciencia. Rosario/12 le preguntó al director del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la provincia, Daniel Teppaz, qué ocurre si el jefe de un servicio de Obstetricia o Ginecología, por ejemplo, es objetor. El funcionario afirmó que la directiva del Ministerio no contempla ese supuesto. "La resolución da por hecho que el jefe de servicio no es objetor de conciencia, ya que junto con el director de hospital y el propio Ministerio, en caso de que hubiera problemas, son los tres estamentos que deben garantizar que el servicio funcione", expresó Teppaz. El Ministerio ha enviado a los nodos de salud y a los efectores (hospitales y centros de salud), la resolución, con la copia de la declaración jurada que deben firmar los agentes del sistema de salud. A partir de que alguna autoridad del efector firma la recepción, cuenta con un plazo de 90 días para difundirla entre todos los trabajadores y trabajadoras. "Esas declaraciones juradas se firman por triplicado. Una queda en el hospital, otra en el nodo y otra a la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio. Esos datos también se enviarán para ser publicados en la web", detalló Tepaz, quien adelantó que "una vez que se cuente con toda la información, se analizará conjuntamente". Por un lado, el registro será público vía web y también en los distintos centros de salud. Al mismo tiempo, el Ministerio deberá analizarlos para "ver cómo está organizado un servicio de un hospital y de acuerdo a eso hacer las reorganizaciones necesarias para que siempre haya gente disponible para realizar las prácticas". Teppaz adelantó que están trabajando con la Municipalidad para hacerlo de manera conjunta, pero aún no existe la definición del gobierno comunal. El registro es una herramienta que garantizará el acceso de los usuarios de los servicios de salud sexual y reproductiva a las distintas prácticas previstas por ley, así como al aborto no punible. En el formulario realizado por el Ministerio -con la participación del Consejo Asesor de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva- está especificada cada práctica, y hay algunas que tienen ítems discriminados. Por ejemplo en anticoncepción hormonal oral, el trabajador puede objetar darle pastillas anticonceptivas a menores. En cuanto a ligadura tubaria, también se puede objetar hacer la práctica, o realizarla en determinado caso. De la misma manera con los sucesivos métodos. En cuanto a la atención humanizada de las mujeres que cursan un posaborto, Teppaz puntualizó que "no se puede hacer objeción de conciencia al respecto, porque una mujer que concurre con una hemorragia debe ser atendida. No admitiría objeción de conciencia, porque uno puede tener las objeciones que quiera, pero no puede dejar de atender a una mujer en riesgo".
Otra es la situación del aborto no punible. En este punto, los profesionales pueden objetar, pero todos los servicios deben contar con personal en condiciones de hacerlo, de acuerdo con la ley provincial que adhiere a la guía elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación donde se estipula, claramente, cómo se hacen y en qué casos. Allí también se especifica que no se deben judicializar estas situaciones, ya que el Código Penal las contempla. El registro de objetores de conciencia existe en otras provincias, como Chubut. "En la ley de salud sexual y reproductiva está contemplada la posibilidad, pero no estaba regulada. Sin esa regulación, no se permite ordenar el sistema. En un servicio todos podrían ser objetores, entonces tendríamos que reorganizarlo, y cambiar de lugar de trabajo a la gente, de manera tal que no pueden quedarse todos los objetores de conciencia en un mismo hospital", apuntó Teppaz.
El registro fue impulsado fuertemente por el Consejo Asesor en Salud Sexual y Reproductiva, donde están representados los colegios profesionales, las Facultades de Medicina y las organizaciones de mujeres de toda la provincia. En ese marco se elaboró el registro que ya está en marcha, y por el cual cualquier mujer -o varón- de toda la provincia, tendrá herramientas para exigir que le brinden un servicio de salud sexual y reproductiva en cualquier hospital y centro de salud de la provincia.
fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/10-24206-2010-06-28.html | LA OBJECION ES CONTRA EL PUEBLO. Está de moda que la derecha estimule lo que llaman “objeción de conciencia” para alentar el incumplimiento de las pocas leyes que contemplan beneficios populares. Llamar objetor de conciencia a un empleado provincial que trabaja nada menos que en salud y no quiere realizar una práctica necesaria para prevenir o curar alguna dolencia que aqueje a una persona, es por lo menos constituirse en encubridor de un simple delincuente social calificado, porque su crimen es contra el pueblo.
En esta Provincia justamente se produjo uno de los crímenes más resonantes por falta de atención a una paciente y refiriéndose al caso, una periodista rosarina decía muy claramente: “De todos modos el territorio santafesino ya tiene en su historia situaciones brutales desde todas las miradas: humanas, científicas y desconocedoras de las leyes vigentes, como cuando no se brindó la atención necesaria hacia Ana María Acevedo, una joven de 20 años y condición muy humilde, enferma de cáncer y que murió en mayo de 2007 en el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe. En este caso que fue considerado, a nivel internacional, tan aberrante como la lapidación de las mujeres en Irán, se procesó a 6 médicos, hombres y mujeres, que no le practicaron el aborto legal que tanto ella como sus padres solicitaban.” (Alicia Simenoni- http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/9-24687-2010-08-01.html) Porque el hecho es que los permitidos objetores de conciencia son los que deben atender a las clases populares, que son aquellos que tienen que ir a un hospital, porque el sistema reserva para los que pueden pagar sumas considerables (así sea por obra social, la mayoría en verdad simples prepagas) los más adelantados recursos.
Se trata de la Salud Pública, no de Cosmética y Peinado Públicos. No se puede joder con esto. Alguien que no está dispuesto a prestar su concurso a la Salud Pública merece no sólo ser expulsado de la nómina salarial: merece el repudio de todos nosotros y el señalamiento popular tal como se ha hecho siempre con los enemigos del pueblo con los escraches, porque su conducta criminal consiste en ocupar un lugar desde el cual se puede abandonar personas y condenarlas así a la muerte.
Ya hay miles de mujeres asesinadas, crímenes de guantes de latex, en todo el país. Miles de Ana María Acevedo que fueron desahuciadas por estos monstruos matriculados.
Por eso el precedente que sienta la Ley 11.888 en su artículo 4º es terrible. Dice: “Artículo 4º.- El programa será ejecutado en los establecimientos asistenciales del Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la provincia. La ley reconoce el derecho a formular objeción de conciencia por parte de los profesionales o agentes afectados al mismo. El Estado provincial garantiza la accesibilidad y gratuidad de las prestaciones”. | Así, un agente de salud puede eximirse de su inexcusable responsabilidad de cumplir con la asistencia en los casos que son social y legalmente considerados como cuestión de salud por antojo de su cavernícola soberanía.
En verdad, esta disposición lleva la firma de las organizaciones religiosas de todo tipo y credo -las mismas que accionaron contra el matrimonio entre personas del mismo sexo- a las cuales se las respeta como si fueran “fuente de toda razón y justicia” en serio, cuando la realidad es que representan la sinrazón, es decir, la simple y vulgar ignorancia y temores consecuentes a los que se pretende dignificar con el nombre de fe, en nombre de la cual, la humanidad viene soportando terribles injusticias desde la Inquisición hasta nuestros días. Es decir que a la alienación, más precisamente a la enajenación, se le da un estatus superior a las conclusiones científicas que han llevado a sancionar -recordamos su nombre- la LEY DE CREACION DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE SALUD REPRODUCTIVA Y PROCREACION RESPONSABLE. Abrir esta puerta prepara las condiciones para que un oscurantismo siniestro -como el de “la cruz y la espada” que confortaba a los genocidas- avance pisando sobre el escalón que representa este antecedente. ¿Por qué no irían por una legalización de la “objeción de conciencia” de maestros cuya fe choca con la impía concepción darwiniana y sus prolongaciones científicas de cada momento en estos tiempos?. Y si esto fuera así ¿por qué no avanzar en el terreno de la “libertad de conciencia” y promulgar una Ley de Educación que permita la enseñanza de lo que propuso Darwin junto a la versión de la “creación divina” con Eva, Adán y todo?.
Alguien podrá decir que exageramos. De ninguna manera: esto también estuvo en la discusión de la repudiable Ley Federal de Educación. Los acólitos religiosos procuraron una y mil veces que contuviera esta libertad; e incluso hubo sectores progres que les seguían el tren en nombre de ese relativismo que insulta a la inteligencia pretendiendo que cada uno tiene su verdad, todos los puntos de vista son válidos, etc. Frente a esto no debemos cometer el estropicio de obrar en complicidad con lo que cada uno cree, o lo que piensa, y tanta complacencia disfrazada de tolerancia. No. Los objetores de conciencia atentan contra la salud pública, es decir, contra el pueblo. Así es. No hay por qué proteger los supuestos derechos de quienes atentan contra un derecho humano tan esencial.
Y porque es un verdadero atentado a derechos elementales, como tal repudiamos esta disposición preparatoria de mayores violaciones. Véase el acta de irresponsabilidad preparada por el Ministerio de Salud de la Provincia. (click sobre la imagen para ampliar) VIENEN POR MÁS. Tal como lo advertimos más arriba, concederles dispensas a estos sujetos es abrir la puerta para una mayor ofensiva antipopular.
Página/12 del 3 de diciembre denuncia con pelos y señales a la banda organizada que está tomando cuerpo. Transcribimos el artículo para facilitar su lectura indispensable. Lunes, 3 de enero de 2011
Una red de cuadros católicos formados especialmente para trabajar en hospitales públicos Impedirás los derechos sexuales y reproductivos La UCA y la Universidad Austral forman “especialistas en bioética” que luego operan en los comités de los hospitales. Enfermeras ligadas a la Iglesia alertan sobre los pedidos de aborto no punible. Y hay abogados que completan el trabajo de pinzas. Por Mariana Carbajal 
Campaña del movimiento de mujeres en contra de los postulados de la Iglesia Católica sobre los derechos sexuales y reproductivos. | La Iglesia Católica formó un ejército de especialistas en bioética que se desempeñan en hospitales públicos, con la intención de influir a través de los comités de bioética en las decisiones que tienen que ver con la regulación en torno al inicio, la reproducción y el fin de la vida y los límites de la ciencia. Particularmente les interesa obstruir el acceso a los abortos no punibles, entre otras prácticas legales sobre salud sexual y reproductiva, con el argumento de que es la Iglesia Católica y no el Estado la que debe establecer las normas de lo posible en lo concerniente a la vida de los individuos. Enfermeras formadas en cursos de la pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) y de la Universidad Austral, ligada al Opus Dei, son las que alertan cuando una mujer solicita la interrupción voluntaria del embarazo amparada en los permisos vigentes. La tropa se completa con médicas y médicos, otros profesionales de la salud y también abogados, que son quienes concurren a los debates parlamentarios sobre las reglamentaciones para los abortos no punibles, y litigan en tribunales federales y locales contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y en la judicialización de los casos de aborto no punible. Es significativo que los planes de estudio con los que se forman, en algunos casos, están avalados por el Estado, a través de su aprobación por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau). El tema está siendo investigado desde el CEIL-Piette-Conicet, que encabeza Fortunato Mallimaci, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y presidente de la Asociación de Cientistas Sociales de la Religión del Mercosur. Para contrarrestar la influencia de los especialistas en bioética que defienden los preceptos morales que imparte el Vaticano y pretenden imponerlos a toda la población, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el médico experto Juan Carlos Tealdi, director del Comité de Bioética del Hospital de Clínicas, está trabajando en la conformación de una red de especialistas con perspectiva de derechos humanos, que ya cuenta con 76 miembros que se desempeñan en hospitales públicos de distintas partes del país. Han elaborado un consenso con varios puntos a defender, entre ellos, el acceso al aborto no punible. La estrategia “La alta formación es la estrategia que les permite ganar concursos y ocupar lugares de decisión en el ámbito de la salud pública”, explicó a Página/12 un investigador del Conicet que les está siguiendo los pasos a los bioeticistas católicos desde hace un par de años, pero prefiere mantener el anonimato para evitar que le pongan obstáculos a su estudio, una tesis doctoral, dado que suele participar de las clases, jornadas y seminarios en los que se recibe capacitación. Este diario accedió a algunos de los avances preliminares de su investigación. “Desde la academia confesional, docentes universitarios, investigadores e intelectuales, forman profesionales de la salud abogados e ‘interesados en la bioética’ para dotarlos de herramientas teóricas y conceptuales que les permitan tomar decisiones en su práctica profesional. Uno de los principales intereses es que estos ‘interesados en la bioética’ integren comités hospitalarios en el sistema de salud pública”, explicó el investigador a este diario. La formación implica no solamente maestrías y especializaciones de posgrado sino también cursos cortos donde se analizan casos de aborto, eutanasia, trasplante de órganos y también reproducción asistida, detalla uno de los papers. Una de las estrategias que utilizan para frenar los abortos no punibles es la demora: postergan las decisiones con la idea de que el embarazo avance y sea cada vez más complicada su interrupción. También tratan de influir sobre la mujer o los familiares que la acompañen, sobre todo en el caso de menores de edad, transmitiéndole la falsa idea de que un aborto puede poner en riesgo su vida, cuando –se sabe– es una intervención más segura, incluso que un parto, si se realiza en condiciones adecuadas.
La UCA y la Austral son dos de los sitios encargados de la capacitación y formación de los agentes católicos especializados en bioética. Los docentes que se consideran “maestros” formando “discípulos” –describe la investigación– son generalmente filósofos y médicos que han realizado posgrados y especializaciones en bioética en universidades de Europa y Estados Unidos. “Actualmente, las primeras cohortes de egresados de posgrados en las universidades confesionales locales ya están comenzando a dictar sus propios cursos”, indicó el investigador. Se caracterizan, agregó, por hablar “desde la ciencia”, aunque los mueve una misión celestial. “Ellos están convencidos de que así van a ir al cielo, creen que están haciendo un bien a la Humanidad”, contó. Incluso recordó que en una jornada de la UCA se llegó a analizar el caso de una mujer que tenía un embarazo de un feto con una malformación genética por la cual moriría al nacer. Y al feto, que tenía alrededor de cuatro meses de gestación, y un kilogramo de peso, lo llamaban “paciente”. Los cursos incluyen una alta formación en filosofía y teorías genéticas, y hasta historia del feminismo y teoría de género. En algunas jornadas, incluso, hablan sobre Simone de Beauvoir. En general están en contra de las prácticas de salud reproductiva que implican utilizar métodos anticonceptivos que no son avalados por el Vaticano, como el DIU, y las píldoras que tienen levonorgestrel –porque sostienen que impide la anidación, aunque no hay estudios científicos reconocidos internacionalmente que sostengan esa creencia–, entre ellas, la anticoncepción hormonal de emergencia. También rechazan el aborto no punible, a pesar de que es legal en el país desde 1921, de acuerdo con las excepciones previstas en el Código Penal, que a la luz de las interpretaciones de altos tribunales del país contemplan cuando el embarazo pone en riesgo la vida o la salud de la mujer y si la gestación fue producto de una violación, sea o no la mujer discapacitada mental.
De acuerdo con la investigación que se lleva adelante desde el CEIL–Piette, varios de los bioeticistas formados con la línea de pensamiento del Vaticano, especialmente aquellos que responden al Opus Dei, son jefes de servicios de Ginecología y Obstetricia o de Cuidados Paliativos. Hay una clara división de género, las mujeres “trabajan territorialmente”, son enfermeras y médicas que identifican rápidamente los casos frente a los cuales influir. Los abogados en general son varones y son quienes litigan contra la venta de anticonceptivos o en casos de aborto no punible, o concurren a los debates parlamentarios. Por ejemplo, a lo largo de 2008 y 2009 tuvieron presencia en los debates y audiencias públicas sobre la reglamentación del aborto no punible en la Legislatura porteña. Distintas voces de agentes católicos especializados en bioética expresaron su rechazo al proyecto, promovido por distintos bloques de la oposición, que finalmente no se llegó a aprobar este año, a pesar de que lleva ya tres años de discusión. El macrismo siempre apeló a diversas estrategias para freezarlo. fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-159746-2011-01-03.html |
Hay que comenzar pues a preparar las acciones populares siempre usadas. Una buena base de datos para la organización de los escraches en nuestra Provincia será ese listado de objetores que el Gobierno publicará, pero ya sabemos que con el ojo atento del pueblo es suficiente.
Hemos de ponernos en marcha ya mismo.
Próxima entrega: No son muchos por ahora, pero se preparan para ser más. La prórroga por decreto bendito. La diputada Frana y su proyecto de derogación de hecho de las leyes... | NO OLVIDAMOS - NO PERDONAMOS - NO NOS RECONCILIAMOS
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