En la Provincia de Santa Fe, para conseguir prueba contra los genocidas, debemos litigar contra el Gobierno Provincial.
UNA VIRTUAL CONDENA JUDICIAL AL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA FE PARA ORDENARLE QUE CESE LA NEGACIÓN DE LAS PRUEBAS CONTRA LOS GENOCIDAS.

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2. Este último pedido fue rechazado y contra esta resolución fue interpuesto recurso, acreditando mediante el aporte de una copia de la ficha de los “servicios” que se encuentra precisamente en ese llamado “Archivo Intermedio”, la vinculación de los mismos con la causa en trámite, ya que está comprobado que a cada ficha corresponde una cantidad mayor de constancias, es decir, por lo menos un legajo.
   
   
3. El 17 de julio, durante la Feria Judicial y ante las solicitudes de que se habilite la misma, el Juez Federal N° 3, Dr. Vera Barros dicta una resolución que es una virtual condena contra el Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Tal resolución conmina al Gobierno a que deponga la negativa a autorizar el acceso al “Archivo Intermedio” ya que con ello estaba negando pruebas esenciales y se configuraba la “denegación de justicia”. Autoriza entonces a la Fiscal a cumplir con la tarea propuesta de digitalización de todo el archivo y obtener copias. El mismo día deniega el recurso de la querella en la Causa Nº 38/04 pero la remite a lo resuelto con respecto a la Fiscalía, con lo que entiende que la querella tiene garantizado su acceso a los archivos y la consecución de la prueba. El texto de la Resolución dice:
   
   
4. RESUELVO: Librar exhorto al Sr. Juez Federal en Feria de la ciudad de Santa Fe, a fin de que, en los términos del Art. 232 del CPPN se ordene al Sr. Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, de quien depende el Archivo Intermedio...  ...se autorice a la Fiscal Federal Subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 1 de Rosario...Dra. Mabel Colalongo.........a ingresar a ese Archivo, junto con el personal del Ministerio Público Fiscal que expresamente designe a los fines de obtener copia de la totalidad de la documentación allí obrante, lo que deberá cumplirse en horario de oficina, durante las jornadas que la tarea insuma y pudiendo hacer uso a tal efecto de máquinas fotocopiadoras o scaners por ella aportados, permaneciendo la documentación original bajo la custodia del referido Archivo, con el resguardo correspondiente a su entidad...
   
   
5. APDH Rosario, CeProDH Rosario, UADH y los militantes de Derechos Humanos de Granadero Baigorria  Oscar Bustos y María Piuma,  hemos presentado un escrito, una acción ante el Tribunal Federal requiriendo que se permita el acceso a todos los archivos a todos los organismos de Derechos Humanos, a las querellas, a las víctimas aunque todavía no hayan sido reconocidas como tales judicialmente, entendiendo que todos tenemos el derecho a conocer lo más pormenorizadamente que sea posible nuestra propia historia. Pero especialmente en el caso de los juicios en marcha o por abrirse - que son una enorme  cantidad- el conocimiento, la investigación, la acumulación de prueba, exigen tareas como la búsqueda en esos archivos y no puede quedar al arbitrio de ningún Gobierno la posibilidad de averiguar la verdad y obtener la condena. Esta presentación está todavía pendiente de resolución (fue incomprensiblemente demorada en “pasilleos” de los Tribunales Federales) y en el día de ayer hemos presentado un pedido de “Pronto Despacho”.
   
   A la luz de todo lo dicho, resulta evidente que para obtener pruebas sustanciales como las que están en el “Archivo Intermedio”, tanto por parte de los Fiscales y querellantes, es necesario litigar contra el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, el cual, pese a sus reiterados comunicados de apoyo a los juicios contra los genocidas, niega pruebas documentales en las que se describe minuciosamente el accionar de los mismos en el marco del “plan sistemático de exterminio”.
   
   Esto queda más claro aún con un hecho nuevo: se han iniciado en el día de ayer 15 nuevas causas  por 32 desaparecidos en los Tribunales Federales de Santa Fe, por impulso y fuerza de la militancia al margen de cualquier aporte o facilitación de la Secretaría de Derechos Humanos, pero más aún: jamás pudieron acceder al “Archivo Intermedio”, el mayor acopio de pruebas sometidos al celoso e histórico encubrimiento. Toda la documentación fue reunida durante años de trabajo en cuanto lugar pudieran estar. Y estas causas, solamente estas causas, representan duplicar todo lo iniciado hasta ahora. Véase la importancia, por un lado, de la militancia que se organiza para buscar el castigo de los genocidas y véase, como contrapartida, la imperdonable decisión política  de quienes proclaman su apoyo a los juicios y practican la protección de los criminales de lesa humanidad.
   
   En el día de ayer, a la vez, se ha hecho polvo la propaganda gubernamental de que “en los próximos días la Secretaría de Derechos Humanos aportará datos de importancia a los Fiscales”, que todavía estarán esperando.
   
   Pero a pesar de ser virtualmente condenado a cesar en el encubrimiento, el Gobierno de la Provincia ha encontrado un recurso político extremo, como es su alianza con el Gobierno Nacional, a través de las Secretarías de Derechos Humanos de ambos en un acuerdo para realizar idéntica tarea a la que ya está realizando la Fiscal Colalongo, a la que (y no es un detalle menor) le rechazaron el aporte de una copia de la digitalización que está realizando ( y le dan un plazo de ¡ 15 ¡ días para terminarla)
   
   En esta teatralización con fotos en la Ex Esma y comunicados varios, destinada a borrar el efecto político de una condena a no encubrir como de hecho le ha tocado, el Gobierno Provincial no se ha desanimado en su empeño por continuar protegiendo los secretos de los criminales. Ha pasado la custodia del “Archivo de la Represión” del Ministerio de Gobierno al de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y ha aumentado por medio de una regimentación, la restricción a todo acceso. Si antes podía sortearse la rabiosa guardia de los sucesivos Gobiernos Provinciales a favor de los genocidas mediante alguna argucia tal como ser “investigador”, “historiador” o alguna farsa obligada semejante ahora ni ese recurso minúsculo y desesperado queda. En el futuro, quienquiera que pretenda acceder deberá contar con un oficio judicial, o sea que, con una crueldad absoluta el Gobierno Provincial ha dispuesto que si alguien pretende acceder a la historia reciente y que ha tocado a todos, deberá tener la “suerte” de haber sido torturado, prisionero de la Dictadura, o ser un “afortunado” con un familiar directo desaparecido. Obviamente que antes deberá iniciar un juicio para ser querellante, algo que, como sabemos, está siendo desalentado desde el mismo Poder Judicial o desde las patotas que amenazan, atacan y hasta producen desapariciones como la de Julio López.
   
   Denunciamos esta situación y pedimos la solidaridad de todos los compañeros de todo el país que día a día luchan contra la impunidad, porque la apertura de todos los archivos de todas las fuerzas de represión es parte esencial de esa militancia.
   

NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS

JUICIO Y CASTIGO Y CÁRCEL COMÚN PARA TODOS LOS GENOCIDAS Y SUS CÓMPLICES CIVILES.

EXIGIMOS AL GOBIERNO NACIONAL LA APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ.

NOS SOLIDARIZAMOS CON EL PUEBLO HONDUREÑO EN SU LUCHA CONTRA EL GOLPE CÍVICO MILITAR

Rosario, 6 de agosto de 2009

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