El punto de partida de la línea represiva asumida por el Intendente de Rosario, Miguel Lifschitz, arranca de este postulado;
"Hemos transmitido al ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, que nosotros ya hemos atendido todas las demandas sociales y que los cortes no tienen nada que ver con un reclamo social"

Absolutamente todo el mundo sabe que todas las demandas sociales no han sido atendidas. Ni siquiera las necesidades más inmediatas surgidas de la tormenta del 10 de febrero. Ni hablar por supuesto de todas  las de siempre, las que provienen de un sistema del cual Lifschitz es un fiel sostenedor.
Es hasta una burla que Lifschitz hable así en el mismo momento en que incluso el  Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Pablo Farías, confirmó que "la emergencia social se incrementó desde abril de 2008, sobre todo en las principales ciudades como Santa Fe y Rosario"

Miente entonces el Intendente. Y a su mentira agrega la eterna solución de los que aman la injusticia: "Hemos transmitido al ministro de Seguridad, Daniel Cuenca...que los cortes no tienen nada que ver con un reclamo social”.

O sea, que la pobreza agravada por el fenómeno natural, debe tener una respuesta desde el Ministerio de Policía, que no otra cosa es el de Cuenca, es decir, represión. 

Pero Lifschitz no para ahí. Propicia que quienes se ponen a disposición del pueblo participando de sus justos reclamos, deben ser tenidos por enemigos, en el más crudo lenguaje de los dictadores: "Hay grupitos pequeños, pero muy violentos. Hay que deslindar un tema social con uno que orilla con la delincuencia. Si hubiera atrás de los reclamos alguna necesidad social real están abiertas las puertas del municipio, pero este tema ya es estrictamente de seguridad".

Como en los cercanos tiempos de la Dictadura Militar, a quienes organizadamente hacen efectiva su solidaridad con el pueblo, se los ataca desde el Gobierno con el lenguaje típico y se anticipa la represión propiciando que la misma se centralice en ellos.

Y la propuesta del Intendente no tiene nada de abstracta, sino que se concreta en reclamos prácticos: “tiene que actuar la policía para liberar el tránsito de las calles, y para evitar acciones violentas que perjudiquen a las personas o a los edificios, tiene que ser manejado desde el punto de vista de la justicia”.

Es decir, palo y bala para responder a los reclamos,  procesos judiciales contra quienes participen de  la protesta y el reclamo que es, la más de las veces, desesperado.

Al sentenciar prácticamente como delincuentes a la militancia organizada que se compromete con los reclamos populares, pretendiendo negar su importante participación en la lucha con la marca de “grupos políticos minoritarios con posturas extremas”, el Intendente Lifschitz sincera públicamente la naturaleza de su concepción milica y represora.

Su mano ejecutora, el Secretario de Gobierno de “la Muni”, Horacio Ghirardi, también  ha acusado  a “activistas universitarios” por la reacción que tuvieron miles de rosarinos ante el desprecio del Gobierno por las necesidades que demandan urgente respuesta satisfactoria. Reiteradas veces ha mencionado lo ocurrido en el Centro Municipal Distrito Oeste. Si realmente ha habido “daños” provocados por “universitarios” -como dice Ghirardi- son los cometidos permanentemente por los asentados en esa cueva de ñoquis que es el Centro Municipal del Distrito Oeste (y no solamente en  ése) y que provienen, precisamente, de las filas universitarias del PSP, que han convertido a este Centro en una máquina de desprecio por el pueblo necesitado.
En ese tren de acción ya han comenzado con denuncias y botoneo judicial y es necesario que la militancia  popular esté advertida de ello.

Como organismo que ha estado todos estos días en la movilización, sabemos de que hablamos y  cumplimos con nuestro deber de denunciar a quienes más que nunca dan razón a lo que tantas veces se coreó en innumerables marchas:

“No es Socialista/
no es Popular/
es la derecha/
que gobierna la ciudad”