Publicamos esta nota porque resulta un claro señalamiento de una conducta reiterada por parte de un integrante destacado del CELS, oenegé patrocinada por fundaciones imperialistas (Ford) cuyo cometido es cada vez más claro: desviar la lucha por la defensa de las libertades democráticas hacia la óptica del Departamento de Estado yanqui.

Esta decisión no implica compartir puntillosamente todo el texto, sino simplemente destacar la coincidencia con una crítica que puede repetirse con muchísimas de las aseveraciones de Vertbisky, hombre cada vez más jugado en sus aportes "serviciales."

A continuacion, la nota: 

VERBITSKY Y SANTUCHO
Por reenvío agencia walsh - Tuesday, Nov. 27, 2007 at 5:57 PM
(AW) El abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Rodolfo N. Yanzón, desenmascara en la siguiente nota, el intento de legitimar el asesinato de Mario Roberto Santucho y el accionar ilegal de la dictadura, por parte del periodista Horacio Verbitsky.

Por Rodolfo N. Yanzón

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2007.- En su columna del 25 de noviembre de 2007 en Página 12, Horacio Verbitsky se refirió a la muerte del líder del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho, y a la decisión de la dictadura de ocultar su cadáver. Dijo Verbistky: “…a pesar de la legitimidad del procedimiento, el Ejército decidió que el cuerpo debía desaparecer, como el de Eva Perón dos décadas antes”.

Más allá de que Eva Perón murió de cáncer y no por el accionar de una dictadura, las palabras del columnista de Página 12 y presidente del Cels no resultan demasiado felices. Santucho fue muerto el 19 de julio de 1976, en pleno apogeo de la máquina de exterminio implementada por las fuerzas armadas, que ya habían planificado ocho años antes, a partir de las enseñanzas de sus pares franceses en la década del cincuenta y, luego, con la incorporación de la doctrina de la seguridad nacional, en los sesenta.

Santucho no murió en un enfrentamiento militar, sino que fue, junto a los compañeros con los que se encontraba, víctima de un grupo de tareas que trató de llevar a cabo las órdenes escritas: eliminar a los opositores políticos. El grupo de tareas -en el que participó Juan Carlos Leonetti, quien encontró la muerte en esa ocasión- había ubicado al jefe guerrillero y a otros miembros del PRT-ERP en una casa de Villa Martelli; había decidido su secuestro y, de haber sido tomado con vida, hubiera pasado por el centro de exterminio que funcionó en campo de mayo, para ser torturado y luego eliminado. De hecho, fue la suerte que corrieron sus compañeros secuestrados en esa oportunidad, Liliana Delfino, Ana Lanzillotto, Fernando Gertel y Domingo Menna.

Huelga decir que ese grupo de tareas no actuó bajo las órdenes de un juez; no tenía orden legal de detención ni de allanar la vivienda en la que se encontraban Santucho y sus compañeros. Fue una acción netamente ilegal, del mismo modo que fue la totalidad de los secuestros que se llevaron a cabo sobre miles de personas para luego ser arrojadas en los campos de exterminio. Santucho y sus compañeros resistieron la acción y bajo esa circunstancia resultó mal herido. Algo similar sucedería luego, en marzo de 1977, con Rodolfo Walsh, quien fue alcanzado por el grupo de tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada; Walsh se resistió y fue herido. Llegó a la Esma casi sin vida. De haber sobrevivido, hubiera pasado el cautiverio inhumano que le tocó vivir a la totalidad de los secuestrados. Verbitsky jamás dijo que el operativo que acabó con la vida de Walsh había sido legítimo.

Pero hay un elemento mas grave aún: la dictadura, en julio de 1976, no tenía ninguna legitimidad. Se había hecho del poder del Estado usurpándolo; las fuerzas armadas estaban llevando a cabo su plan de exterminio escrito varios años antes. Existía una dualidad normativa en nuestro país desde 1968: por un lado, la Constitución Nacional y las normas que de ella derivaban; por el otro, los reglamentos militares reservados, que preveían la tortura, el terror y la eliminación de los opositores políticos. A ese accionar ilegal (aplicado hasta 1983 y derogado como norma tardíamente en 1995) algunas organizaciones políticas resolvieron responder con la violencia armada. La equivocación o justeza de los métodos o de las acciones merece otro debate. Lo cierto es que Horacio Verbitsky acaba de legitimar el accionar ilegal de la dictadura que llevó a cabo el exterminio de miles de personas. Espero que se trate de una infeliz equivocación y que, como tal, sea corregida.

Rodolfo N. Yanzón – Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos