La masacre del penal de varones de Santiago del Estero, con su saldo trágico e inhumano, arroja a la palestra temas impostergables para toda la sociedad y, en especial, para los organismos de Derechos Humanos.

En primer lugar, debe destacarse que la masacre de Santiago del Estero no constituye un hecho aislado, sino que, por el contrario, en la Argentina encuentra una vasta lista de antecedentes: Villa Devoto (1978); Penal de Olmos (1990); Sierra Chica (1996); Comisaría N° 25 de Villa Gobernador Gálvez (2000); Penal de San Martín (2005); Coronda (2005) y Magdalena (2005). Pero esta política de racionalización de la muerte y administración burocrática del horror, siempre destinada a las clases explotadas, no queda circunscripta dentro de las fronteras nacionales, sino que las trasciende y toma ribetes continentales.

En tal sentido, merecen mencionarse la masacre de Carandirú (Brasil, 1992); Puerto Montt (Chile, 2007) y Huancayo (Perú, 1984/1986/1992).

El Estado pone a la razón y la ciencia para efectivizar aún más la máquina de muerte, remarcando que todo plan para ser sistemático no puede ser gestado sino desde el más agudo raciocinio. Por ejemplo, el nazismo diseñó los campos de concentración con la colaboración de científicos que cronometraban incluso la muerte a fin de hacerla más rápida y efectiva. Pero lo de racionalización de la muerte no queda ahí, sino que también incluye a los intelectuales que sostienen teóricamente la barbarie.

Ahora bien, no sólo las masacres representan un hilo conductor a lo largo de latinoamérica respecto del sistema carcelario, se verifican además otros dos elementos. El primero de ellos es la superpoblación de los penales. Citando como ejemplo: el Penal de Carandirú tiene una capacidad para 3200 presos pero su población ascendía hasta los 8000. También se repite esta situación en Santiago del Estero donde se encontraban 467 personas siendo que está destinada a 250. El otro aspecto sobresaliente es que la inmensa mayoría de los presos se encuentra sin condena firme, demuestra ésto, que se los encierra de manera "preventiva" agudizando el control social.

Por otra parte, se evidencia que detrás de este maquillaje de democracia el aparato represivo está intacto y contribuye de manera vital a sostenerla. La lógica sigue siendo la misma: se busca una excusa y se los acusa, llámese fuga o motín. Así el Estado no sólo los asesina sino que además los vuelve culpables de sus propias muertes, pasan de ser víctimas a victimarios, eximiendo de culpas a los verdaderos responsables. En esta línea, es fundamental el rol que juegan los medios de comunicación, sostenedores y voceros de este régimen. Las palabras no son ingenuas: los titulares mostraron un motín, pero de ninguna manera una masacre.

Es menester remarcar que la postura política del gobierno nacional ante esta situación recuerda al fusilamiento neuquino Carlos Fuentealba. Kirchner una vez más, apelando a un federalismo extremo, se desliga totalmente del asunto, pero no debe olvidarse que todo el accionar estuvo plenamente avalado desde la presidencia.

De lo expuesto queda claro que nada de lo ocurrido responde a la mera casualidad, sino que es la consecuencia lógica de una política de exterminio sistemática instrumentada y aplicada verticalmente desde los mismos órganos del poder, tendientes a profundizar el control social. El plan represivo ha sido perfectamente delineado y ya está en marcha, cuenta incluso con los elementos legales necesarios que brinda la Ley Antiterrorista , y sólo puede esperarse que la represión se radicalice aún más en el próximo gobierno.