Por las características del trabajo docente, por los problemas que diariamente enfrentamos en cada escuela, por la inundación de protocolos, instructivos y demás materiales ministeriales y de tantos cientistas conservadores, sabemos a ciencia cierta que los problemas sociales no se resuelven por medio esas directivas y consejos.

Tales materiales a lo sumo se identifican en que “la violencia escolar es un problema social” y ya en el extremo del progresismo plantean que el problema se afronta en “la lucha contra la pobreza”.

Nuestra agrupación ha sostenido siempre que de lo que se trata no es la lucha contra la pobreza, sino de la lucha contra la concentración de la riqueza.

No pudo menos que llamarnos la atención el título del ensayo a cuya presentación invitamos, que viene a poner de pie lo que está patas para arriba. Si lo común es hablar de la pobreza como origen de la delincuencia y la inseguridad, lo excepcional es hacer el análisis comenzando por el otro extremo, o como dice el título del libro

SEGURIDAD Y RIQUEZA- La concentración de riqueza como factor predisponente de la criminalidad.

Tal como lo planteado el autor, Daniel Papalardo, “...el esfuerzo por editarlo se hizo con propósito militante, de poder llevar algo escrito que dispare la cuestión entre todos los que de una u otra manera estamos en la cuestión, y buscamos cambiar -”

Se trata de alguien que, arrancando de empleado es hoy Asesor de Menores y Defensor Subrogante en Tribunales de Rosario -habiendo pasado por distintos cargos y destinos en la Provincia- acredita una experiencia desde el vientre del monstruo . Y esa experiencia se torna incontestable cuando -apartándose del destino común de aceptar el sistema en beneficio propio- lo cuestiona sobreponiéndose al oscurantismo del ambiente judicial.

Presentación del libro y debate a continuación:

Miércoles 12 de Noviembre- 19hrs.- Escuela“Almafuerte”

Salta 2553 - Rosario

(El Dr. Papalardo estará acompañado de un panel compuesto por las Profesoras Alcira González, Amalia Torres y un integrante del equipo jurídico de la Unidad Antirrepresiva por los Derechos Humanos – UADH Rosario – Se hará entrega de los ejemplares disponibles del libro a los asistentes.)

Las organizaciones abajo firmantes, organismos de Derechos Humanos, centros de estudiantes, sindicatos, partidos políticos, movimientos sociales, expresamos definitivamente nuestro rechazo al desembarco de tropas de la Gendarmería el día 8 de abril, así como denunciamos con preocupación la proliferación de denuncias de casos de golpizas, detenciones arbitrarias y todo tipo de abusos.

El miércoles 8 de abril comenzó la “ocupación del territorio” urbano por 3.000 agentes federales (tanto de Gendarmería como de Prefectura Naval) al mando del Teniente Coronel Sergio Berni, acusado tiempo atrás de espionaje y de “Carapintada”, más ahora Secretario de Seguridad de la Nación.

Consideramos que este gigantesco operativo, coordinado por los gobiernos de Municipio, Provincia y Nación , tiene un encuadre claramente militar y nos merece hoy una profunda crítica pública por sus características, su direccionalidad y sus consecuencias sociales.

El mismo Estado (municipal, provincial y nacional) que en la actualidad no garantiza la posibilidad de fuentes de trabajo digno, con estabilidad laboral y salarios que superen el costo de la Canasta Básica Familiar, lo mismo que no proporciona un sistema educativo y un sistema de salud acordes a las enormes necesidades populares, permite asimismo grandes negocios inmobiliarios mientras las mayorías populares se ven hacinadas en las múltiples viviendas precarias ubicadas en los márgenes de la ciudad: este es el mismo Estado que se ha presentado a los ojos del pueblo trabajador en estos días, como un conglomerado de policías, gendarmes y prefectos que mantienen una virtual ocupación de la ciudad, en particular dentro de los barrios más populares.

El operativo fue presentado como una acción política tendiente a desmantelar el narcotráfico en Rosario. Sin embargo los encargados de los búnkeres -como afirman muchos vecinos- estaban avisados: en 83 búnkeres allanados detuvieron a sólo 26 personas (10 de ellos menores) e incautaron apenas $ 50.000 y poca droga. Además, la mayoría de los cabecillas de las principales bandas narco-criminales siguen libres y sus redes, en plenas funciones hasta el momento.

Tras casi dos meses de presencia de Gendarmería Nacional, hoy se evidencia el ataque sistemático a la juventud y a los sectores populares por parte de la misma, sin afectar a los centros logísticos y a los núcleos de conducción del delito organizado. Y así, con la excusa de controlar el tráfico de drogas, se ha colocado progresivamente un manto de sospechas sobre el conjunto de los sectores más empobrecidos de la ciudad de Rosario, con el agravante de encontrarnos ante un tipo de accionar que debería haberse articulado en un abordaje integral de la problemática (abordaje que tendría que haber sido sanitario, social y cultural, más que militar) y en el encuadre propio del Sistema Internacional de Derechos Humanos al cual adhiere nuestra Constitución Nacional.

Por ello vemos con estupor como actualmente los pibes y pibas son víctimas de razzias, detenciones, humillaciones y vejámenes, por parte de Gendarmería, sobre la cual si hacemos memoria, pesa el historial de haber sido el mismo aparato de seguridad que mató a Teresa Rodríguez en Cutral Co (Neuquén), a Ojeda y Escobar en el Puente Corrientes, a Orlando Justiniano, Alejandro Matías Gómez, Aníbal Verón , Carlos Santillán y Oscar Barrios ) en Tartagal y Gral Mosconi, fueron parte de la represión en el Puente Avellaneda, donde asesinaron a Kosteki y Santillán, la misma que se ha infiltrado mediante el Proyecto X -violando los protocolos nacionales e internacionales en lo referente a cuestiones de seguridad interna- en todas aquellas organizaciones populares de la sociedad civil que hasta el día de hoy trabajan cotidianamente por la rearticulación del tejido social, desmantelado otrora en el marco de las políticas estratégicas neoliberales implantadas en nuestro país. A lo cual habría agregar, el que dicha fuerza debería ser ampliamente investigada también en su relación con el narcotráfico, ya que el control de las fronteras por donde ingresa la droga a nuestro país, está bajo su órbita jurisdiccional.

Hay sectores de la población que han apoyado y aún apoyan la presencia de Gendarmería en los territorios más conflictivos. Apoyo que se ve amplificado por el tratamiento que algunos medios dan al tema. Aun así, este mega operativo nos causa aprehensión y consideramos que a partir de los últimos acontecimientos vividos entre los sectores más carenciados de nuestra ciudad, es necesario denunciar su accionar con contundencia.

En primer lugar, porque no escapa a ningún ciudadano que la gran institución encargada de controlar, regentear y usufructuar no solo el narcotráfico, sino también la trata y el juego clandestino, es la policía de la Provincia , a la que se premia con suculentos aumentos salariales y una creciente impunidad, mientras la inseguridad en todos los órdenes ha ido in crescendo desde hace tiempo atrás. Y queda claro, por acción u omisión, que el Operativo Federal (articulado políticamente entre Nación, Provincia y Municipio) se ha encargado de encubrir esto.

En segundo lugar, porque se silencian e invisibilizan las causas sociales profundas sobre las que avanzan las redes del narcotráfico. En un escenario preparado históricamente a partir de la instauración del Terrorismo de Estado durante la última dictadura genocida, se consolidaron políticas capitalistas neoliberales que configuraron la matriz productiva hasta hoy hegemónica en el país, que entroniza la especulación, los cíclicos programas de ajuste y los manejos delictivos propios de este mercado, en el marco de una cada vez mayor corrupción empresarial-estatal. Por lo tanto, estamos ante un escenario aprovechado por el narcotráfico y el crimen organizado, sin posibilidad de solución en el esquema de un sistema económico y político en crisis, que supervive ciertamente a partir de una amplia economía sumergida la cual aporta gran parte del capital que se reinvierte, vía blanqueo del dinero, dentro el mismo sistema.

De esta manera, también consideramos necesario realizar una clara crítica con respecto a ciertos medios de comunicación, los cuales se han encargado de estigmatizar (racial y clasistamente) a los barrios marginados como “zonas de riesgo”, rotulando a sus pobladores (sobre todo jóvenes) como enemigos de “l@s ciudadan@s que pagan sus impuestos”. Mientras tanto, huelga reconocer, empresarios que amasan fortunas, quienes apoyaron en el pasado dictaduras y que super-explotan hoy a los trabajadores, son “cuidados” desde el Estado y no son investigados por sus evasiones fiscales o sus vínculos con las mismas organizaciones mafiosas ligadas hoy al narcotráfico.

Así, actualmente los sectores populares sufren las consecuencias de la labor cotidiana del conjunto de “ las fuerzas de seguridad”, mientras las transnacionales no son sospechadas y menos investigadas, aunque siguen depredando el medio ambiente, evadiendo impuestos (o beneficiándose por exenciones estatales), endeudando al país y fugando capitales (de 250 o 400 mil millones de dólares según algunas estimaciones).

En nuestra región, como se vio en el conflicto de la fábrica Liliana, un trabajador metalúrgico cobra un sueldo de 5000 mil pesos, mientras que un “soldadito” recibe un pago de $400 por día. Las escuelas se caen a pedazos, como denuncian los estudiantes secundarios y sindicatos como AMSAFE, mientras que el sistema de salud (salvo excepciones estratégicamente protegidas) está colapsado.

Es en ese marco, que redes criminales con la complicidad de amplios sectores dentro de los aparatos del Estado, han ganado terreno sobre el “pasto seco” de serias desigualdades económicas, desempleo crónico, trabajos en negro, inexistencia de derechos sindicales plenos, carencia habitacional, falta de perspectivas a futuro, los cuales han hecho mella entre los sectores sociales marcados por una profunda fragmentación socio-cultural producto de las políticas capitalistas y neoliberales, generando el terreno propicio para la penetración de estas organizaciones mafiosas que han ido descomponiendo los lazos sociales y de solidaridad dentro de sus territorios, con sus consecuencias de muertes, asesinatos, degradación de derechos, etc. Por lo tanto, no vacilamos en denunciar que es el pueblo trabajador y en especial su juventud, los que se encuentran sometidos a una violencia cotidiana e inusitada por la falta de sus más elementales derechos, que ciertamente un Estado Social de Derecho debería garantizar.

El espectacular y caro operativo de virtual militarización, dice moverse con una lógica estratégica de ir brindando seguridad, destruyendo los focos del delito. Pero nosotros respondemos: ¿no es obvio que no se busca desbaratar el enorme negocio del narcotráfico, con sostén en las fuerzas de seguridad? ¿Antes que premiar con presupuestos millonarios e impunidad de acción estas fuerzas, no sería más coherente poner a disposición pública toda la información sobre la misma e invertir esas sumas dinerarias en planes de obras públicas que hagan frente a las necesidades más acuciantes y permitan la creación de empleo digno para miles de jóvenes?

Esto produce una certeza que con el correr de los días, se afianza y acrecienta: este operativo tiende al control de los barrios periféricos y de los sectores excluidos que se manifiestan de distintas formas, en algunos casos cayendo por la desesperación en redes delictivas y marginales. Nos preocupa esto doblemente, porque sabemos que este operativo tiene una direccionalidad implícita, que se inscribe en la política estatal de regulación (represión) de los piquetes,em la criminalización , judicialización y en la prevención (represiva) de eventuales saqueos, con el objetivo de aquietar a cierta franja de los sectores obreros y populares, en lo que se refiere a acallar sus demandas, que vienen expresando cada vez más los malestares-descontentos con la situación actual.

Más aún, al hacerse públicos los recientes acuerdos de la Nación y la Provincia con la DEA de los EEUU para “capacitar” a las fuerzas locales, queremos exponer nuestro posicionamiento con respecto a este tipo de convenios, en los que incluso es posible visibilizar cierta renuncia a nuestra soberanía política en materia de seguridad nacional. Conocemos de sobra a la DEA y su vinculación con el narcotráfico, al cual no combate sino que más bien regula. También somos conscientes que la llamada “Doctrina de Seguridad Ciudadana” no tiene otro objetivo que el del control social (violento) de los sectores que soportan las mayores injusticias de este sistema económico y social: ello se debe a que es una doctrina pensada en el marco de un sistema económico-político sobre el que se hace imposible articular una propuesta distinta y de hondo sentido humanista. E igualmente, conocemos de sobra acerca de las “capacitaciones” que las potencias extranjeras hicieran permanentemente en nuestro territorio nacional. De allí que progresivamente, tras esta virtual ocupación por parte de Gendarmería, hay otra “ocupación” en las sombras por parte de los imperialismos no solo en Argentina, sino en toda América Latina y el Caribe. No son casuales los crecientes alineamientos gubernamentales con estas potencias, no solo económicos y militares, sino también legales con la aprobación de la así llamada “Ley Antiterrorista”.

Por tal motivo, denunciamos que se han venido reforzando políticas estigmatizadoras y represivas hacia esos sectores, como focos de “vicios y males”. Así, desde hace un tiempo atrás, hemos estado recibiendo sistemáticamente denuncias de todo tipo sobre gendarmes que han arrancado piercings o sacado la gorra a los jóvenes, que han golpeado a los pibes y pibas por estar en una esquina pasando el rato, obligando a que se metan en sus casas, estableciendo en la práctica un estado de sitio, o que han humillado de distintas maneras a compañerxs gays, lesbianas o trans: tales apremios ilegales no pueden ser tolerados y además de denunciados, deben ser fehacientemente investigados para procesar y enjuiciar a sus responsables.

Por este creciente número de casos de persecución y violación de los más elementales Derechos Humanos (civiles y democráticos) por parte de la Gendarmería Nacional , nos proponemos establecer un registro de denuncias, que hasta el momento, sabemos no han sido oídas por los Estados nacional y provincial, quienes han garantizado la ocupación militar de la ciudad hasta estos días. Por otra parte, consideramos a este registro como una imprescindible base para la movilización y campaña activa de repudio en contra de la virtual ocupación militar de la ciudad de Rosario.

Primeras firmas: APDH ROSARIO, AMSAFE , CEPRODH , PTS, RESISTENCA DOCENTE, ASAMBLEA POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD, FEDERACION LGTB ARGENTINA, MOVIMIENTO PALESTINA RESISTE, UNIDOS TODOS ,ORGANIZACIÓN UNIDAD LENINISTA,  COOP. TRABAJADORES EN LUCHA LA TOMA, PC ROSARIO, CEFMA,  MOVIMIENTO ECUMENICO X LOS DD HH (MEDH) LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE ROSARIO (LADH), FAMILIARES DE DETENIDOS DESAPARECIDOS, IZQUIERDA SOCIALISTA, CCC, PCR, LIBERPUEBLO, CENTRO DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS ESC. MANTOVANI, COMPAÑEROS MILITANTES BARRIALES DE VILLA GOBERNADOR GALVEZ, EMPALME GRANEROS, COORDINADORA POR LAS LIBERTADES DEMOCRATIAS, UADH, TALLER PERMANENTE DE LA MUJER DEL CORDON INDUSTRIAL, PROGRAMA CONVIVIR, ARDA, RICARDO  (FOB ROSARIO), ASAMBLEA 11 DE JUNIO BARRIO ALBERDI EX-CERAMICA, MST, FRENTE POPULAR DARIO SANTILLAN CORRIENTE NACIONAL, PRT, MUJERES TRAS LAS REJAS, COOPERATIVA DE COMUNICACIÓN LA BRÚJULAH, CENTRO CULTURAL INGALINELLA, MILITANTES TERRITORIALES,  

Luego se sucedieron las precisiones como en La Nación:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/046.asp

Barrio Azcuénaga tiene unas 90 has. más o menos y de acuerdo a qué experto se consulte.
La Municipalidad dice que su vecinal tiene jurisdicción entre las calles Solís, Eva Perón, Paraná, Montevideo.
Dentro de ese perímetro, en la intersección de las calles Marcos Paz y Liniers, masacraron a David Moreyra el 22 de abril de 2014.
De los distintos datos recogidos por periodistas y volcados por testigos, han participado entre 40 a 100 criminales en el linchamiento de David Moreyra.
Son muchos. Demasiados.
Tomando la extensión de Barrio Azcuénaga y la cantidad estimada de vecinos decentes que le desparramaron el cerebro en la calle al chico, resulta lo siquiente:

1. Si consideramos la cantidad menor estimada, es decir 40, hay aproximadamente 1 homicida responsable de ensañamiento y alevosía cada dos manzanas/hectáreas.
2. Si se considera una cantidad intermedia, también estimada en publicaciones, es decir 60, hay un asesino y medio por manzana.
3. Si consideramos la mayor, es decir 100, hay nada menos que un criminal alevoso por manzana.

En cualquiera de los casos, no existe en el planeta una zona tan poblada de homicidas alevosos.
Sin embargo, Barrio Azcuénaga no figura como zona roja o peligrosa.

Las distintas versiones periodísticas vuelcan información que una investigación obligatoria para la aún flamante y superprerada, exitosa (según ellos mismos) y eficaz Fiscalía de Homicidios, debería ya haber concretado a fondo.

LA FISCALÍA INSTIGADORA DE HOMICIDIOS Y SU ROL ENCUBRIDOR.

No diremos nada que no hayamos dicho, sino que aplicaremos apreciaciones que hiciéramos anteriormente a la realidad actual.
La primera es que la tal Fiscalía está haciendo amplios méritos para raticar nuestra calificación de Fiscalía Instigadora de Homicidios (ver LA LEY DE LINCH EN ROSARIO Y LA FISCALÍA... ).

Allí exponíamos cosas como las siguientes:

Días después, en una publicación auto laudatoria (en términos corrientes, autobombo) los Fiscales se hacen la siguiente atribución:

La primera pregunta que hay que anotar en el caso del linchamiento de David Moreyra es ¿dentro de qué porecentaje se encuentra el caso; en el 46 % de autores no identificados o en ese 9% de “identificables”?.
Y hay que hacerla porque puestos en la opción de ubicar en alguno de los porcentajes, claramente surge que no se trata simplemente de contar los muertos, sino los asesinos en banda que se escudan tras las justificaciones que la misma Fiscalía produjo cuanto -como lo hemos dicho- etiquetó a David para que fuera asesinado.

Esas bandas de vecinos decentes tiran a la cloaca las cuentas de la Fiscalía, porque lo que se empeñan a ojos vistas en no esclarecer,  no es un caso de un chico asesinado, sino el caso de entre 40 a 100 criminales confabulados, es decir, con un “acuerdo o convenio secreto entre personas, normalmente para cometer alguna fechoría”.

Y en esto cabe destacar que de inmediato – un día después- el Defensor Provincial, jefe de todos los defensores penales de la Provincia de Santa fe, o sea, la máxima autoridad del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, sale al cruce de los exitosos y eficaces Fiscales que se dan manija en declaraciones lapidarias y en parte atinadas.
Sostiene que el homicidio es:

Por eso cabe preguntarse: ¿cómo es que en un apiñamiento de homicidas como el que al inicio señalamos no los Fiscales no hayan encontrado siquiera uno de ellos, cuando el asesinato fue perpetrado a plena luz del día, contando con filmaciones, etc.?.
La cuestión es que, se lo mire desde donde se lo mire, esto se parece mucho al encubrimiento judicial.
En estos crímenes, cometidos como por encargo del Estado -presente en todo aunque algunos se excusen en su supuesta ausencia- la impunidad preordenada sigue como la sombra al cuerpo a las incitaciones de los funcionarios que parecen dedicados a fabricar causas de justificación para cometerlos.

Una cuestión elemental es si contemplaremos que los buenos vecinos continúen creando cotos de caza de seres humanos como los de Barrio Azcuénaga o los enfrantaremos como es debido.