HUELLAS

Muchos son los intentos de hacernos olvidar y muchos los actos y decisiones en que se pisotea la memoria que tenemos los argentinos conscientes que no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos con los asesinos ni permitimos que se olviden las huellas de sus crímenes.
Se ha intentado banalizar el asesinato, la tortura, las violaciones, el latrocinio perpetrado contra miles de compañeros militantes de la causa popular, de infinitas e insólitas maneras: desde demoler los lugares como la ESMA hasta destinar insignificantes construcciones para museos.
Desde hacer leyes de impunidad a medida hasta perseguir la protesta y la denuncia.
Pero entre los escándalos habidos en esta línea de acción, pocos han llegado al extremo de hacer un boliche y centro de diversión en el edificio del II Cuerpo, en Moreno y Córdoba, lugar en el cual se decidía vida, muerte y sufrimiento de nuestros compañeros, donde se repartían los botines de guerra, donde los milicos asesinos virreinaban por delegación de Videla, Agosti y Masera.
Por más pintura que le pongan, allí están las huellas de los Galtieri, Díaz Bessone, Feced y mil reptiles más.
Por más que pongan música, allí resuenan las órdenes como “desaparézcanlo”, “mátenlos”, “torturen”, “violen”, “roben”, dadas por los militares y las patotas y también se escuchan los gritos de los torturados, de los que morían y de los que caían puteando a los verdugos del país.
Por más que lustren los pisos, que los enceren y frieguen, allí estará la sangre derramada de nuestros hermanos.

Y la sangre derramada no será negociada. No será olvidada.
La burla de los empresarios que se asocian al crimen consiste ni mas ni menos que en poner de nombre a ese antro Rock & Feller, o sea, Rockefeller, justamente el nombre emblemático del imperialismo en épocas en que nuestros compañeros batallaban para que el país no fuera la colonia que hoy es.
Rockefeller, el hombre que en 1966, después de una recorrida por América Latina, dio la orden de exterminio de los movimientos populares y revolucionarios con una simple apreciación: “El único sector confiable en la Argentina son los militares”.
Quienes abren este local no comercian sino con nuestra dignidad y la de nuestros caídos, quienes van a hartarse en sus costosos ambientes, ponen en su boca los manjares robados al pueblo, quienes se divierten en esos recintos ríen de nuestros caídos, quienes bailarán allí, lo harán sobre un pavimento de sufrimientos, sobre la sangre de nuestra sangre, y esa sangre no será negociada, no será olvidada, será reivindicada.

Publicamos esta nota porque resulta un claro señalamiento de una conducta reiterada por parte de un integrante destacado del CELS, oenegé patrocinada por fundaciones imperialistas (Ford) cuyo cometido es cada vez más claro: desviar la lucha por la defensa de las libertades democráticas hacia la óptica del Departamento de Estado yanqui.

Esta decisión no implica compartir puntillosamente todo el texto, sino simplemente destacar la coincidencia con una crítica que puede repetirse con muchísimas de las aseveraciones de Vertbisky, hombre cada vez más jugado en sus aportes "serviciales."

A continuacion, la nota: 

VERBITSKY Y SANTUCHO
Por reenvío agencia walsh - Tuesday, Nov. 27, 2007 at 5:57 PM
(AW) El abogado de la Fundación Liga Argentina por los Derechos Humanos, Rodolfo N. Yanzón, desenmascara en la siguiente nota, el intento de legitimar el asesinato de Mario Roberto Santucho y el accionar ilegal de la dictadura, por parte del periodista Horacio Verbitsky.

Por Rodolfo N. Yanzón

Buenos Aires, 25 de noviembre de 2007.- En su columna del 25 de noviembre de 2007 en Página 12, Horacio Verbitsky se refirió a la muerte del líder del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho, y a la decisión de la dictadura de ocultar su cadáver. Dijo Verbistky: “…a pesar de la legitimidad del procedimiento, el Ejército decidió que el cuerpo debía desaparecer, como el de Eva Perón dos décadas antes”.

Más allá de que Eva Perón murió de cáncer y no por el accionar de una dictadura, las palabras del columnista de Página 12 y presidente del Cels no resultan demasiado felices. Santucho fue muerto el 19 de julio de 1976, en pleno apogeo de la máquina de exterminio implementada por las fuerzas armadas, que ya habían planificado ocho años antes, a partir de las enseñanzas de sus pares franceses en la década del cincuenta y, luego, con la incorporación de la doctrina de la seguridad nacional, en los sesenta.

No es la primera vez que desde el organismo nos pronunciamos en contra de este supermercado, que forma parte de las macro empresas que roban a nuestro pueblo ayudando a crear inflación en los productos de la canasta básica. La Gallega sostiene como otras tantas cadenas de super, sistemas de seguridad que ya han fijado precedentes en la represión a la protesta social. Así es que, sobre la represión de diciembre del 2001, decíamos en un comunicado lo siguiente: “en Rosario, para el 19 y 20 el llamado “Comité de Crisis” convocado por el Intendente Hermes Binner, funcionaba a pleno (tan a pleno como funcionó el Comité de Crisis reprimiendo como en la Dictadura Militar en Las Heras), y las patotas policiales y de servicios andaban por toda la ciudad tirando contra el pueblo … Fue en esos días que SABINO ALVAREZ, dueño de La Gallega , después de armar al personal que se prestó a servirle de milico y ubicarlo como tropa privada, dio un paso más a favor de la represión … Como se enteró que la cana había agotado la provisión de municiones COMPRÓ 2.000 CARTUCHOS PARA QUE PUDIERAN SEGUIR REPRIMIENDO A DESTAJO.”

Y así el empresario en el día de hoy mantiene a sus tropas de seguridad, verdaderos matones que actúan con total impunidad. Un ejemplo es lo ocurrido el jueves pasado, en el local de Moreno y Pellegrini, cuando dos hermanos señalaron al agente de seguridad del super que había pinchado la rueda del auto de una señora cuando ésta se estaba quejando por lo ocurrido. Éste junto a otro matón empezaron a pegarle piñas y patadas a los dos hermanos, y uno de ellos tras la golpiza, recibió un corte en la oreja derecha. Además otros tantos empezaron a correrlos hasta que en la puerta de tribunales “intervino la policía”. Sólo detuvo al encargado del super y al custodio liberándolos horas después, dejando en claro que entre verdugos las cosas se dejan pasar.

La masacre del penal de varones de Santiago del Estero, con su saldo trágico e inhumano, arroja a la palestra temas impostergables para toda la sociedad y, en especial, para los organismos de Derechos Humanos.

En primer lugar, debe destacarse que la masacre de Santiago del Estero no constituye un hecho aislado, sino que, por el contrario, en la Argentina encuentra una vasta lista de antecedentes: Villa Devoto (1978); Penal de Olmos (1990); Sierra Chica (1996); Comisaría N° 25 de Villa Gobernador Gálvez (2000); Penal de San Martín (2005); Coronda (2005) y Magdalena (2005). Pero esta política de racionalización de la muerte y administración burocrática del horror, siempre destinada a las clases explotadas, no queda circunscripta dentro de las fronteras nacionales, sino que las trasciende y toma ribetes continentales.

En tal sentido, merecen mencionarse la masacre de Carandirú (Brasil, 1992); Puerto Montt (Chile, 2007) y Huancayo (Perú, 1984/1986/1992).

El Estado pone a la razón y la ciencia para efectivizar aún más la máquina de muerte, remarcando que todo plan para ser sistemático no puede ser gestado sino desde el más agudo raciocinio. Por ejemplo, el nazismo diseñó los campos de concentración con la colaboración de científicos que cronometraban incluso la muerte a fin de hacerla más rápida y efectiva. Pero lo de racionalización de la muerte no queda ahí, sino que también incluye a los intelectuales que sostienen teóricamente la barbarie.