El secuestro del compañero Raúl Lescano, militante del MPR Quebracho, justamente cuando se desconcentraban los participantes del Acto por el Día del Preso Político, constituye una exhibición de métodos de terrorismo de Estado a los cuales se pretende acostumbrar a la población en general tanto como a la militancia.

Que el modus operandi lo haya aprobado un alcahuete judicial del Presidente Kirchner, como es el Juez Lijo, no altera la gravedad del hecho, sino que alerta aún más sobre las condiciones que pretenden crearse en todo el país, extendiendo la situación de, por ejemplo, Santa Cruz, azotada por este modus operandi que se hiciera notorio por lo menos desde el conflicto en Las Heras. Allí hubo secuestros de hombres del pueblo, y los mismos permanecen aún impunes pese a las tantas denuncias habidas, aún habiéndose ubicado el lugar en que se tomaban los prisioneros para interrogarlos (ver foto). Ni hablar de los atentados de estos días contra locales y trabajadores. 

Patotas con orden judicial recuerdan incluso a las AAA, épocas en que, si los operativos les resultaban mal por la resistencia de los que debieran ser víctimas, siempre existía una providencial “orden judicial” o credenciales que convertían el ataque criminal de los servicios armados del Estado en un “enfrentamiento” con “elementos subversivos”. De estas constancias tenemos miles e incluso un hecho típico consta en la “causa Feced” como antecedente de la desaparición de Tito Messiez (ocurrió en calle España 1400 de Rosario, el 8 de marzo de 1975).

Los compañeros fueron perseguidos por civiles en autos sin identificación a los cuales las fuerzas uniformadas les armaron un corral que obró como una “zona liberada”.

Entre las consideraciones que debemos hacer, necesariamente debemos señalar que no existe razón legal alguna para que un Juez ordene operativos de estas características y mucho menos en el contexto de una marcha y deja todo el derecho a presumir, como una hipótesis tan válida como todas, que la patota pretendía otra cosa: directamente “chupar” al compañero sin tener que rendir cuenta de nada y a nadie ante la vista de todos y que tuvieron que “blanquearlo” por la inmediata reacción de los demás, la publicidad del episodio y las gestiones rápidas de los organismos y sus abogados que obligaron a abortar el operativo.

De cualquier modo, la provocación que constituye es de irresistible respuesta, pues es deber de todo compañero defender la libertad y la integridad de quién está a su lado y en la calle por los medios que tuviera a su alcance y cuanto más efectivos mejor, ya que la autodefensa ante un riesgo enorme como es la desaparición de un compañero obligan a actuar con la máxima energía y la mayor contundencia.

Se está jugando en estos tiempos la imposición de una ola de represión siniestra a la cual el Gobierno no puede atribuir ya a “nostálgicos del pasado” y que no podemos dejar pasar bajo ninguna excusa mojigata. No se puede perder de vista que precisamente hoy reclamamos al Gobierno Nacional por la aparición con vida de Jorge Julio Lopez y se denuncian las innumerables irregularidades cometidas por los “investigadores” del caso dedicados a no averiguar nada.

No es un detalle menor advertir que en consonancia, una campaña periodística pretende aislar a los compañeros reprimidos mediante la identificación con una fuerza en particular, como resulta por ejemplo del título de hoy de Página 12 K: “Quebracho y la policía” (bajo el cual se transcribe un parte de la SIDE que habla de “tres detenidos” que en todo caso iba a haber pero no hubo , y que expone los hechos como si la redacción estuviera en la oficina de guardia de la Seccional 7ª).

No se trata pues de la reducción a un “Quebracho vs. Policía”, se trata del desarrollo de una persecución dictatorial contra todo el pueblo y si circunstancialmente hoy es un compañero de Quebracho, ayer lo fueron quienes protestaron en Haedo, los que lucharon en Las Heras o un maestro en Neuquén ejecutado por Sobisch para defender la política educativa de Kirchner. Hay una larga lista más de crímenes cometidos durante el “Gobieno de los Derechos humanos”, que hasta el día de hoy protege a su aliado Gobernador de Jujuy , Fellner, ante una de cuyas comisarías asesinaron a Luis Marcelo Cuellar , manifestante que reclamaba por el esclarecimiento del ahorcamiento de Ibañez dentro de esa misma comisaría. Con este asesinato contra el pueblo en manifestación, el 10 de octubre de 2003, debutó la “política de derechos humanos K”, precisamente en Libertador General San Martín, feudo del Ingenio Ledesma, de los Blaquier, y teatro del tantas veces recordado “Apagón” durante la Dictadura Militar.

Manifestamos nuestra solidaridad con los compañeros atacados, reclamamos la inmediata libertad de todos los detenidos por practicar la justicia en su protesta contra los crímenes del Estado, y convocamos a las organizaciones políticas, de Derechos Humanos, estudiantiles y populares en general a una reunión el día jueves 20 a las 19 horas, en San Martín 951, Piso 5, Oficina A, a fin de coordinar la organización de una actividad en la calle, en solidaridad con los compañeros, por la libertad de los presos y de denuncia de la escalada represiva del Gobierno de Kirchner.   

• LIBERTAD Y DESPROCESAMIENTO DE LOS LUCHADORES POPULARES Y LOS PRESOS POLÍTICOS DE KIRCHNER

• RENUNCIA INMEDIATA DE SOBISCH Y DE LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE FUENTEALBA, CON SU DEBIDO JUICIO Y CASTIGO

• DESMILITARIZACIÓN DE LAS PROVINCIAS DE SALTA, NEUQUÉN, SANTA CRUZ Y SANTA FE

• APARICIÓN CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ