No caben dudas sobre que haberles cortado el paso a los criminales que proponen la persecución de los compañeros militantes de los 70 ha sido un golpe duro para ellos y sus mentores civiles, en este caso el fascista diario La Nación.
Es que si lo definimos desde el punto de vista verdaderamente científico -el punto de vista científico de los explotados- el Estado es una “"fuerza especial de represión” o “esencialmente una máquina destinada a reprimir la clase oprimida y explotada". Cómo no va a importarle a las clases dominantes la protección de la parte esencial de la maquinaria que ha resuelto en definitiva todos los conflictos en la historia de Argentina a su favor: las Fuerzas Armadas Asesinas y todas las fuerzas de “seguridad”.

Pretender ignorar esto es pasar por encima del abc de la realidad.

No extraña entonces que este editorial de La Nación se apresure a enfrentar, con evidente escasez de argumentos, abundancia de tergiversaciones y sobra de imputaciones extraídas  de los archivos de la Dictadura, la consecuencia de la lucha popular contra la impunidad.
Es cierto que muchas voces se han levantado contra el dictamen de Palacín, y no sólo de “algunos querellantes”, como pretende minimizar el diario intentando reducir el enfrentamiento político que existe a los “afectados”, trampa con la cual pretenderán posteriormente argüir que son dignos de “comprensión” simétrica con los Larrabure, los Viola, etc....y otra vez los dos demonios bajo la presentación de “las dos víctimas”.
Sabemos que esas líneas son leídas con fruición por los represores impunes y sus familias y sus amigos y sus mandantes que no son otros que los reunidos en torno a La Nación también. Y damos por hecho que la campaña se acrecentará, porque este vocero de la gran burguesía y sus lacayos no puede dejar de profundizar su postura aunque más no sea en defensa del “honor de las instituciones” militares y represivas en general.
Nos parece un tema central en el desarrollo de la lucha en los próximos tiempos. Los capitalistas no van a sembrar terror en propia tropa a partir de su abandono. No otra cosa planteó el autor de esta editorial en mayo del 2003 al recién electo Kirchner, en una exigencia inusitada realizada durante su reunión con él. En verdad, estaba operando como representante del interés del Departamento de Defensa yanqui, pero en total consonancia con “el empresariado” local, que por ese entonces tenía más distinción de proyectos económicos que al cabo de estos años de concentración y transnalización, proceso que ha ido igualando a los sectores supervivientes, todo bajo la batuta del aún omnipresente FMI.
Que de hecho, de los “5 puntos” de La Nación, dos versaran sobre la potenciación de la calidad represiva del Estado, no es un dato sin importancia. La cesación a las “persecuciones” a las FFAA que debían ser “reivindicadas” en su “lucha Cont. la subversión” y dotarlas de mayores herramientas en un “plan de seguridad” revelan la naturaleza del espíritu de esto que Escribano a caracterizado como “una institución”, que debería “integrarse con las otras tres” (del Estado).

Si bien hay disenso en los medios, el grado, la oportunidad, etc. de la reivindicación, en definitiva van continuar en la sustentación de sus brazos armados, y Kirchner lo hizo. A su modo, no con el libreto bestial de La Nación, cumplió con su plan y el de fondo. No es en vano que se hayan aprobado las leyes “Antiterrorista”, las “leyes Blumberg”, se pretenda extender el delito de genocidio para que sea aplicado a la resistencia popular o se hayan otorgado pensiones  a los represores con generosidad propia  de quien ve consumado el engaño con bajar algunos cuadritos.
Pues bien, allá ellos con las diferencias entre el “Gobierno de los Derechos Humanos” que más muertes por gatillo fácil, más presos políticos y más intervenciones represivas tiene desde la Dictadura Militar y estos sectores tan trogloditas como los intereses antihumanos que representan. Se las compondrán para encontrar la salida al brete en que los metió la retirada de los milicos y si logramos que no se las compongan, será un triunfo nuestro.
A nosotros nos toca continuar a fondo la lucha. No dejar un botón por apretar. Literalmente.

Es por eso que publicamos este editorial de La Nación. Su contenido constituye la aplicación concreta del “credo” que profesan, reiteradamente expuesto entre los represores que organizan actos en Plaza San Martín de Buenos Aires con Karina Mujica y Cecilia Pando, personal femenino de las cohortes del plan de genocidio.
La intentona LARRABURE-PALACIN-SUTTER SCHNEIDER ha capotado. Eso no quita que mañana vuelvan en otro lugar, en otro mostrador, de otra forma, por otros medios incluso.

Editorial I

Es probable que, a la hora de hacer un balance de su gestión gubernamental, el presidente Néstor Kirchner coloque en un primerísimo plano su preocupación por los derechos humanos y por la revisión de nuestro pasado trágico. No obstante, ni el Poder Ejecutivo ni muchos jueces han respetado el principio de que la defensa de aquellos derechos jamás puede ser selectiva.

Hay excepciones, afortunadamente. El 30 de octubre último, el fiscal general Claudio Marcelo Palacín, en su dictamen en la causa que tramita ante el Juzgado Federal N° 4, sostuvo que los crímenes abominables sufridos por el coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado por terroristas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), torturado y asesinado en 1975, constituyen delitos de lesa humanidad y que, por esta razón, son imprescriptibles.

Debe recordarse que las organizaciones terroristas cometieron cientos de crímenes contra personas indefensas y ajenas a todo conflicto, que incluyeron niños y hasta familias que quedaron destruidas.

El debate se genera luego de que la Corte Suprema de Justicia, en el caso "Derecho, René Jesús" decidió, en coincidencia ahora con la jurisprudencia y la doctrina internacional, que los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos por una organización que "no necesariamente tiene que ser la del Estado"; esto es, que pueden ser cometidos por organizaciones que se enfrenten o luchen contra el Estado, desde la subversión o la insurgencia.

Hoy contamos con valiosos precedentes internacionales recientes, como el del caso Martic, decidido por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, en el que se decidió que los crímenes de guerra definidos por las Convenciones de Ginebra de 1949 son crímenes de lesa humanidad, tanto en los conflictos armados internos como en los internacionales.

El mismo tribunal internacional, en el caso Milosevic, aclara que el control sobre el territorio no es exigencia para la aplicación de las Convenciones de Ginebra de 1949 y la determinación de las graves responsabilidades que, bajo ellas, pudieran corresponder. Esto forma parte de una inequívoca tendencia jurisprudencial que coincide en interpretar que la protección ginebrina a la persona humana no puede ser limitada, restringida ni cercenada en modo alguno.

Por esto es destacable que el fiscal Palacín haya tenido la independencia de criterio requerida para señalar que "todo individuo indefenso, independientemente de su estado formal como miembro de una fuerza armada, debe considerarse civil", algo que comprende a "quienes no estén tomando parte activa en las hostilidades, incluyendo los miembros de las fuerzas armadas". Agregó que "la exclusión de militares y soldados como víctimas de crímenes de lesa humanidad, por su sola condición de tales, no tiene justificación alguna en el derecho internacional".

Tan pronto como se conoció el dictamen del fiscal Palacín, algunos de los querellantes sostuvieron que se pretendía reflotar la llamada teoría de los dos demonios. No es así. En realidad, el demonio es siempre uno, el que impulsa a cometer los crímenes, sin importar de qué lado de una confrontación cualquiera estén ubicados los criminales. La vara para medir los crímenes de lesa humanidad es y debe ser una sola.

El dictamen del fiscal generó la percepción de que podía comenzar a cerrarse una zona de impunidad abierta por demasiado tiempo. Así, quizás, lo percibió la Procuración General de la Nación, que para impedirlo, prestamente, emitió una resolución el 29 del mes último, mediante la cual instruye a todos los fiscales con competencia penal a que adopten la "posición uniforme" de que en la década del 70 "no estaban internacionalmente criminalizadas las violaciones del derecho internacional humanitario aplicables a los conflictos armados internos. De esta manera se pretende cerrar la investigación comentada y todas las similares, consolidando aquella área de impunidad para quienes cometieron tremendos crímenes desde las organizaciones terroristas.

El protagonismo público que adquirió el actual procurador general, Esteban Righi, en 1973, en momentos en que representantes de esos grupos terroristas se insertaron transitoriamente en el poder, y su evidente simpatía hacia ellos hacen presumir falta de objetividad en sus instrucciones a los fiscales.

Lo cierto es que la Argentina ratificó expresamente, en 1956, el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, que en su articulado se refiere explícitamente al caso de los "conflictos armados sin carácter internacional" (o sea, a los internos) y a la protección de las personas que "no participen directamente en las hostilidades". Ese convenio, expresión de la costumbre internacional, entró en vigor entre nosotros el 17 de marzo de 1957. Desde entonces, es ley interna. Mucho antes de los 70.

En el sesgado informe adjunto a la resolución aquí criticada se silencia que la opinión prevaleciente en el mundo es precisamente la contraria a la expresada por el procurador.

No hace mucho el arzobispo sudafricano Desmond M. Tutu dijo: "No lograremos hacer este mundo más seguro empleando tácticas basadas en la deshumanización de otros o refugiándonos en el uso del poder o en la agresión, o en la defensa selectiva de los derechos humanos, o en la demonización y marginalización de algunos. Esas son estrategias cortas de vista que sólo conducen a más conflictos, inseguridad e injusticia en el largo plazo".

Las lamentables interpretaciones parciales exteriorizan que, respecto de algunos, no puede haber justicia ni respeto por su derecho a conocer la verdad. Y parecen destinadas a tratar de cerrar arbitrariamente una puerta, para proteger a algunos, mientras -en paralelo- la sed de venganza, disfrazada con otros ropajes, sigue alimentando acciones contra otros. Frente a esta realidad, la posibilidad de construir un futuro sin rencores se sigue dilatando.